El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez Antúnez, señaló que la investigación fiscal en su contra por el caso ‘Ícaro’, liderada por el fiscal Carlos Ordaya de la EFICCOP, responde a una estrategia dirigida por actores de mayor rango dentro del sistema judicial peruano.
“Yo voy a ser absolutamente claro: para mí, parte del Ministerio Público conforma una organización criminal, sumado a un grupillo de jueces que están absolutamente identificados”, afirmó Santiváñez, al tiempo que precisó que no involucra a toda la institución, sino a quienes “deciden atacar a un político” y repiten protocolos mediante la difusión de reportajes dominicales, generación de una noticia criminis y posterior requerimiento judicial.
En entrevista con RPP, Santiváñez calificó a Ordaya como “solo un peón de una organización mucho más grande” y sugirió que existe un “modus operandi” recurrente para atacar a figuras políticas desde el interior de la Fiscalía. “Quienes estamos en el mundo jurídico, sabemos que el fiscal Ordaya no tiene la capacidad intelectual para armar todo este tema”, expresó.
Respecto a las imágenes difundidas de encuentros suyos en el café Cordano, el ministro defendió que se trataba de reuniones “privadas y amicales”, sin relación directa con su labor en Palacio de Gobierno. Detalló que las imágenes transmitidas recientemente solo estaban en poder del fiscal Ordaya y que los encuentros filmados fueron con amigos personales, abogados y familiares, sin implicancia en asuntos oficiales.
Consultado por su nexo con Marco Antonio Palacios Meza, también investigado en el caso, Santiváñez explicó que lo considera un amigo y su abogado personal en procesos jurídicos relacionados con la Junta Nacional de Justicia y demandas particulares. Negó irregularidades o conductas ilegales en esas reuniones y señaló que los contactos versaron exclusivamente sobre asuntos de defensa legal, no sobre actividades delictivas.
En cuanto a la relación con Percy Tenorio, a quien la Fiscalía identifica como supuesto operador de confianza, Santiváñez indicó que no mantiene comunicación desde 2023 luego de que su estudio jurídico renunciara a la defensa legal por temas administrativos y comerciales. Manifestó que los contratos de defensa a favor de Tenorio seguían protocolos establecidos por normativa vigente para la elección de abogados de oficiales policiales, y que ni él ni el Ministerio del Interior intervenían en esos procesos de contratación.
