El Congreso de la República del Perú se encuentra en el centro de una tormenta política tras las declaraciones de Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien confirmó la hipótesis de una posible red de prostitución operando dentro de la institución.
Las investigaciones comenzaron tras el asesinato de Andrea Vidal, ex trabajadora parlamentaria, cuya muerte expuso vínculos con Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional. Burgos considera «probable» la existencia de esta red, señalando que este caso marca un punto crítico en la historia del Parlamento peruano.
Allanamiento en el Congreso
El 2 de enero, agentes de la Fiscalía y la Dirección contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo una diligencia en el Palacio Legislativo. Durante el operativo, que duró varias horas, se incautaron computadoras, documentos y registros de las cámaras de seguridad, piezas clave para la investigación.
Críticas a Eduardo Salhuana
Burgos criticó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, por mantener un viaje a China mientras se desarrolla esta crisis. El legislador calificó esta decisión como una falta de responsabilidad histórica y exigió la renuncia de Salhuana junto con otros miembros de la Mesa Directiva, argumentando que esto es necesario para garantizar la transparencia en las investigaciones.
Un Congreso Bajo Sospecha
Diversos parlamentarios han iniciado una recolección de firmas para promover la censura de Salhuana y del Oficial Mayor, Giovanni Forno. La situación ha intensificado las demandas de reestructuración en el Parlamento, mientras las investigaciones avanzan.
El caso, que Burgos describió como un descenso al «inframundo institucional», continúa generando repercusiones y deja al Congreso en el centro de un nuevo escándalo que desafía su ya cuestionada credibilidad.
