Josué Gutiérrez, actual defensor del pueblo, enfrenta nuevas críticas tras la revelación de un reportaje que destaca que al menos siete personas cercanas a él fueron beneficiadas con órdenes de servicio que sumaron un total de 144 mil soles. Entre los favorecidos se encuentra Jaime Bravo González, su exasesor, y Juan Gonzales Hidalgo, personero legal de Alianza para el Progreso (APP), entre otros. Se señala que algunos de ellos no cumplían con los requisitos necesarios, como el caso de Hugo Sánchez, quien ingresó a la Oficina de Gestión de Desarrollo Humano con una remuneración de 18 mil soles sin tener el perfil adecuado.
Gutiérrez admitió conocer a todas las personas mencionadas, defendiendo las designaciones al afirmar que no hay impedimentos legales para contratar con el Estado, independientemente de los vínculos personales. Afirmó que la selección y contratación de personal en la Defensoría del Pueblo sigue directivas previas a su gestión y que las críticas son infundadas si el proceso es regular. El titular de la Defensoría lamentó que se critique la elección de personas sin impedimentos legales y resaltó la importancia de enfocarse en asuntos más relevantes.
Gutiérrez también respondió a las acusaciones alegando que su despacho no solicitó la contratación de ninguna de las personas señaladas en el informe. Atribuyó la responsabilidad de las contrataciones a las áreas correspondientes y a directivas anteriores. Además, consideró natural que los postulantes se reunieran con él y defendió su proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, proponiendo la extensión de su permanencia hasta que el Congreso elija a su sucesor y cambios en la designación de adjuntos.
