El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dejó al voto la propuesta de informe final que propone destituir al suspendido fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Figueroa en el proceso disciplinario que se le abrió por sus vínculos a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y otras faltas en el ejercicio de su cargo.
«Concluido el informe oral la causa queda al voto», expresó la presidenta de la JNJ, Inés Tello, tras escuchar los descargos de Gálvez Villegas y de su abogado durante la audiencia de informe oral realizado hoy.
El suspendido magistrado dijo ser víctima de una conspiración y acusó al expresidente Martín Vizcarra de crear una organización ficticia integrada por magistrados no afines a él con el objetivo de protegerse de investigaciones por Chinchero, Odebrecht o el Club de la Construcción.
En esa línea, aseguró que se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y se creó la JNJ para controlar la administración de justicia en el país. Además, señaló que sería destituido porque es incómodo para Vizcarra Cornejo.
«Ustedes me van sacar seguramente porque soy incómodo para Vizcarra y este grupo», exclamó dirigiéndose a los miembros del JNJ. Ante esta acusación Inés Tello le pidió que se conduzca con respeto.
Gálvez Villegas calificó como una «aberración jurídica» los cargos en su contra e insistió en su defensa de que la acusación en su contra es por solicitar una revisión exhaustiva del acuerdo de colaboración con Odebrecht, así como de procesos que involucran al exmandatario.
«Yo soy el fiscal supremo con mayor prestigio creo de la historia (….) yo soy el mejor fiscal de toda la historia del Perú», enfatizó el suspendido magistrado en dos momentos de su intervención.
A Tomás Gálvez se le inició un proceso disciplinario por su participación en audios que revelaron conversaciones con magistrados vinculados a Los Cuellos Blancos, además del caso Rondero de San Martín o el relacionado con el fiscal Walther Delgado Tovar, entre otros.
El julio del año pasado, la JNJ suspendió por seis meses al magistrado. Posteriormente, en enero de este año, el colegiado acogió la solicitud de ampliación de tres meses de la medida que presentó el miembro instructor del caso, José Ávila Herrera.
