La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha cumplido una orden emanada del Poder Judicial, instaurando de forma inmediata la reintegración de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de dicho ente, tras la anulación de sus vacantes, tal como lo dictamina una resolución rubricada por el presidente, Antonio de la Haza.
La resolución fue comunicada tanto a los mencionados juristas como a la Primera Sala Constitucional de Lima, la cual había ratificado una medida cautelar en su favor, al Defensor del Pueblo, José Gutiérrez, y al consejero suplente Abraham Siles, quien ha declinado la citación para juramentar y asumir uno de los asientos vacantes en el órgano judicial de máxima jerarquía.
Con antelación, Gutiérrez había postergado el acto ceremonial correspondiente. La acción judicial aprobada fue interpuesta en contra de la decisión del Congreso de destituir a ambos magistrados por supuestas irregularidades y de inhabilitarlos para ejercer cargos públicos durante diez años.
Los magistrados de la Primera Sala, en su veredicto, han señalado que la medida tomada fue «arbitraria e inconstitucional», y han puesto de manifiesto que al menos dos congresistas, José Jerí y José Luna Gálvez, no debieron formar parte de la Comisión Permanente, el órgano parlamentario que precede al pleno (que finalmente aprobó el informe que solicitaba la destitución de los letrados).
En un voto en minoría, uno de los jueces ha argumentado que no existe evidencia de «negociación ilícita» en el proceso contra Vásquez y que corresponde al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional determinar el límite de edad para ser miembro de la JNJ, en relación con el caso de Tello.
El Legislativo se ha opuesto a la decisión judicial y ha recurrido al Tribunal Constitucional para hacer valer la inhabilitación. El procurador del Congreso, Manuel Peña, ha solicitado formalmente al máximo órgano interpretativo de la Constitución la anulación inmediata de la medida cautelar otorgada a Vásquez y Tello.
Aunque el pleno del Congreso rechazó aplicar la misma sanción a otros cinco miembros de la JNJ, Tello fue inhabilitada con un solo voto más del requerido por la ley, tras lo cual se rechazó una solicitud para repetir la votación presentada por una facción del Legislativo que se oponía a esa medida.
Durante la votación, que se extendió por más de cuatro horas, después de un debate previo de tres horas, los legisladores rechazaron también la propuesta de destituir a los magistrados Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Henry Ávila, Guillermo Thornberry y María Zavala.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha propuesto acusar e inhabilitar durante 10 años a los miembros de la JNJ por una presunta infracción constitucional, al permitir que Tello continuara en funciones a pesar de haber superado el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo.
En medio de este conflicto entre el Parlamento y el máximo órgano de la judicatura, la presidenta Dina Boluarte ha exhortado a los parlamentarios a reflexionar sobre el equilibrio de poderes «para garantizar un país democrático, estable y equitativo».
