En un escándalo que evidencia una grave falta de precisión en las declaraciones del Ministerio del Interior, Iván Quispe Palomino ha presentado una querella por difamación contra los ministros Gustavo Adrianzén y Juan José Santiváñez. Quispe Palomino, acusado falsamente de ser el «número 2» de Sendero Luminoso en el VRAEM y de utilizar un DNI falso, exige una indemnización de S/ 1.5 millones por los daños morales y psicológicos que, según afirma, le han causado a él y a su familia.
Quispe Palomino, quien asegura haber cumplido su condena y reparado su deuda con el Estado, argumenta en el documento judicial que las declaraciones de ambos ministros «lesionaron gravemente su honor y dignidad personal» y solicita que la justicia «aplique la ley de manera punitiva contra los responsables». Además, su abogado presentó el pasaporte vigente de Quispe Palomino como prueba de que no posee vínculos activos con grupos terroristas.
Este hecho ha generado un intenso debate, con figuras públicas como el congresista José Cueto y el exministro Rubén Vargas, quienes han cuestionado duramente la actuación del Ministerio del Interior. El abogado penalista Jonathan Correa también señaló que una equivocación de esta magnitud es «inadmisible en cargos tan altos» y que corresponde una disculpa pública a Quispe Palomino por el grave error cometido.
La demanda de Quispe Palomino y la controversia desatada han puesto de relieve la importancia de la responsabilidad y verificación en el manejo de información sensible, especialmente en el ámbito de la seguridad nacional.
