El pasado viernes 12 de julio, el Contralor General de la República, Nelson Shack, presentó un alarmante informe sobre las entidades públicas más corruptas del Perú.
Este informe, correspondiente al Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, destaca a la Policía Nacional del Perú (PNP) como la entidad con mayores problemas de corrupción, junto a la PNP, varias universidades públicas también figuran en la lista negra.
El Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024 evaluó a 2,927 entidades, las cuales incluyen entidades del Gobierno General, Entidades de Tratamiento Empresarial y Empresas en el Ámbito FONAFE.
La edición 2024 ha incrementado el número de indicadores analizados. En tal sentido, los resultados del año 2024 no son comparables con los años anteriores debido al cambio de metodología realizado desde dicho año.
La evaluación del INCO 2024 corresponde a la evaluación de las entidades del año 2023, así como la evaluación del INCO 2023 y 2022 corresponde a la evaluación del año 2022 y 2021, respectivamente.
Impacto Económico y Problemáticas Detectadas
El informe subraya el grave impacto económico de la corrupción en el país. En 2023, Perú perdió más de S/ 24,000 millones debido a prácticas corruptas. Entre las problemáticas más comunes se encuentran el fraccionamiento en las contrataciones públicas sin proceso adecuado y la contratación de consultores sin la debida supervisión, que a menudo operan fuera del país.
Sectores Afectados
Además de la PNP, el informe señala a los sectores de Educación, Salud, Defensa y Transporte como los más afectados por la corrupción. En el ámbito educativo, varias universidades públicas han sido identificadas con altos o muy altos niveles de inconducta funcional, lo que afecta directamente la calidad y eficiencia de los servicios educativos.
Desde el año 2020, la cantidad de servidores públicos sancionados en el Perú ha aumentado casi exponencialmente, reflejando un esfuerzo intensificado en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Según los informes de la Contraloría General de la República, este aumento se debe a una serie de factores, entre los cuales destacan la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, la interoperabilidad de bases de datos y el uso de inteligencia artificial para detectar irregularidades.
Reacción y Medidas
Es previsible que este informe genere incomodidad y controversia entre las autoridades y funcionarios públicos mencionados. Sin embargo, la transparencia y la divulgación de estos datos son pasos esenciales para abordar y combatir la corrupción en el país. La Contraloría General de la República sigue trabajando en mejorar la fiscalización y control de las entidades públicas para reducir estos índices negativos.
