La reciente salida Rudecindo Vega del Conafovicer, ha puesto de manifiesto preocupaciones sobre la libertad de expresión en el ámbito político y laboral en el país. Las acusaciones de presión por parte del gobierno, encabezadas por la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, han generado inquietud sobre los límites de la crítica y la disidencia dentro de las instituciones gubernamentales.
Mediante un oficio enviado al presidente del directorio del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Conafovicer), fechado el 10 de abril, la ministra Pérez de Cuéllar expresó su incomodidad por las supuestas expresiones del gerente general de dicha asociación contra la presidenta Dina Boluarte. En el documento, Pérez de Cuéllar indicó que tales declaraciones ponían en riesgo la agenda en común mantenida con el Ministerio de Vivienda y de Trabajo, y podrían perjudicar las actividades realizadas con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, la Cámara Peruana de Construcción, así como con los ministerios mencionados.
La titular del Ministerio de Vivienda solicitó al presidente del directorio de Conafovicer, Jorge Rochabrunt Gamarra, tomar cartas en el asunto, señalando que los intereses tanto de la institución como de las asociaciones suscritas podrían verse comprometidos por las expresiones contrarias contra las autoridades del Poder Ejecutivo, incluida la jefa de Estado Dina Boluarte. En la misiva, Pérez de Cuéllar remarcó que los convenios mantenidos en los últimos años podrían verse afectados por los comentarios emitidos por el gerente general de la mencionada asociación.
Estas acciones han desencadenado preocupaciones sobre la independencia de las instituciones y la libertad de expresión de sus miembros. En una democracia saludable, la libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad de expresar opiniones y críticas sin temor a represalias. Sin embargo, cuando el gobierno o las figuras de autoridad intentan silenciar voces disidentes, se pone en peligro este principio democrático.
La ministra Pérez de Cuéllar no ha respondido a las acusaciones de presión, pero el incidente destaca la importancia de proteger la diversidad de opiniones y el debate abierto en todas las esferas de la sociedad. La supresión de la libertad de expresión puede socavar los fundamentos de una sociedad libre y democrática, y es crucial mantener vigilancia sobre cualquier intento de coartar este derecho esencial.
