El Han pasado 16 días desde que el Congreso envió al Ejecutivo la autógrafa que rectifica y restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, modificando la Ley 32181.
No obstante, la presidenta Dina Boluarte sigue sin promulgar la nueva norma, afectando la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.
Formalmente, el Gobierno tiene 15 días hábiles para evaluar si promulga o devuelve al Congreso, con observaciones, las leyes que apruebe el Parlamento. En el caso de la norma que restablece la detención preliminar, ese plazo concluye todavía el 14 de enero.
El 27 de diciembre pasado, el titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que el Gobierno aún no decidía si promulgará u observará la ley y justificó la demora al indicar que no habían recibido las respuestas de todos los sectores involucrados.
Tres días después, el lunes 30, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, reiteró que aún se encuentran dentro del plazo para pronunciarse y remarcó que «hay normas que, a veces, exceden su propósito» y son usadas «con otros fines».
