El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que la presidenta Dina Boluarte no tiene ningún tipo de influencia en los procedimientos administrativos dentro del sector público, incluido el caso del coronel Harvey Colchado.
«Quiero rechazar categóricamente la idea de que los procedimientos administrativos y disciplinarios que se han iniciado institucionalmente contra la persona mencionada (Colchado) puedan considerarse como represalias por parte de la presidenta de la República», declaró Adrianzén en una conferencia de prensa.
Como se sabe, Colchado, quien ocupaba el cargo de jefe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), fue suspendido de sus funciones y actualmente enfrenta un proceso de baja en la Policía Nacional del Perú (PNP) por parte de la Inspectoría General.
Adrianzén explicó que esta suspensión y el proceso que la sigue son responsabilidad exclusiva de la PNP y no obedecen a órdenes directas de la presidenta Boluarte. «Quiero dejar en claro que la presidenta no tiene ninguna relación con esta situación, y mucho menos puede interpretarse como un acto de represalia de su parte», añadió.
En sus declaraciones, Adrianzén recalcó que corresponde a la PNP explicar las razones y resultados del procedimiento iniciado contra Colchado. «La Policía Nacional del Perú, a la que pertenece el coronel mencionado, deberá, en su momento, justificar por qué se inició este procedimiento y cuáles son sus conclusiones», señaló.
Es importante destacar que la orden difundida en varios medios de comunicación no está dirigida directamente contra Colchado. La Inspectoría de la Policía ha solicitado a todas las unidades del país que envíen un informe detallado de todo el personal investigado por presuntas infracciones graves y muy graves.
El documento también establece que los jefes de los órganos disciplinarios son los únicos responsables de asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones mencionadas, y que cualquier incumplimiento o falsedad conllevará las medidas correspondientes.
Esta situación se suma a una resolución emitida en mayo, en la que se inició un proceso administrativo disciplinario contra el coronel Harvey Colchado por haber allanado la residencia de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo el 29 de marzo de 2024, como parte de las investigaciones del caso Rolex.
En dicha resolución se indica que, bajo el liderazgo de Colchado en la DIVIAC, se autorizó el uso de un ariete durante la operación, a pesar de que este método no está contemplado en los protocolos normativos de la PNP. Las imágenes de seguridad que respaldan esta acusación provienen de un video publicado en YouTube.
No obstante, la autorización judicial para el allanamiento establecía que las acciones de los oficiales estaban alineadas con las circunstancias descritas, lo que podría sugerir una aprobación implícita del procedimiento utilizado. A pesar de ello, la Inspectoría General de la Policía ha decidido continuar con las investigaciones, argumentando presuntas infracciones a la Ley 30714, que regula el régimen disciplinario de la policía.
