En la última conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Eduardo Arana, anunció la aprobación de una importante medida por parte del Ejecutivo: la solicitud de extradición de Eliane Karp, ex primera dama, y Avi Dan On, exjefe de seguridad de Palacio, quienes enfrentan graves acusaciones relacionadas con el caso Ecoteva y presuntos delitos de lavado de activos cometidos durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Según Arana, el Ejecutivo aprobó 13 resoluciones supremas de extradición, entre las cuales destacan las de Karp y Dan On. “Estas resoluciones buscan solicitar a Israel la extradición activa de ambas personas, requeridas por la justicia peruana”, señaló el ministro.
Aunque no existe un tratado de extradición entre Perú e Israel, las autoridades peruanas se basan en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por ambos países, así como en el principio de reciprocidad. Además, se ha notificado a Interpol Israel para la detención de Karp con fines de extradición.
Eliane Karp está señalada por la Fiscalía como partícipe en operaciones de lavado de activos a través de la offshore Ecoteva Consulting Group, creada en Costa Rica por su madre, Eva Fernenburg. Con fondos presuntamente ilícitos provenientes de sobornos de Odebrecht, se habrían adquirido propiedades de alto valor en Perú, como una oficina en la Torre Omega, una casa en Punta Sal y viviendas en Camacho y Las Casuarinas. Estas propiedades ya han sido incautadas.
La Fiscalía, liderada por Rafael Vela, solicita para Karp una pena de 16 años y 8 meses de prisión por su implicación en el caso.
Eliane Karp, declarada reo contumaz y con una orden de prisión preventiva vigente desde 2017, reside actualmente en Israel, adonde se trasladó tras la extradición aprobada de su esposo desde Estados Unidos.
Alejandro Toledo, por su parte, fue sentenciado en octubre de 2023 a 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos. Las investigaciones determinaron que recibió 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de favorecer la adjudicación de tramos de la Carretera Interoceánica Sur. Parte de estos fondos habría sido blanqueada a través de Ecoteva, involucrando a Karp y otros allegados.
Con esta solicitud de extradición, el Gobierno peruano busca que los responsables enfrenten la justicia y respondan por los presuntos delitos que afectaron gravemente al Estado.
