Este lunes, el Gobierno de Dina Boluarte promulgó una ley que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos, según una edición extraordinaria de El Peruano.
La norma, firmada por la jefa de Estado y el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, modifica el artículo 105 del Código Penal para añadir dos párrafos al Decreto Legislativo 635.
Con esto, se establece que las organizaciones políticas no podrán ser procesadas judicialmente por ciertos delitos. Ahora, la Fiscalía solo podrá procesar a los afiliados de dichas organizaciones, aplicándoles sanciones de manera individual.
“Respecto a los partidos políticos, no se aplican los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo. A estas organizaciones solo se les aplicará el régimen sancionador en los supuestos previstos en la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas”, se lee en la publicación de El Peruano.
Antecedente congresal
El proyecto de ley fue aprobado el 10 de mayo por la mayoría del Congreso, con el apoyo de las bancadas de Perú Libre, Renovación Popular, Podemos Perú y Fuerza Popular, partidos que actualmente están bajo investigaciones fiscales.
A pesar de esto, la propuesta, promovida por el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, fue exonerada de una segunda votación tras la presentación de un texto sustitutorio en las comisiones de Constitución y Reglamento.
Partidos beneficiados
Entre los partidos más beneficiados están Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos relacionado con las elecciones generales de 2021.
Perú Libre también enfrenta investigaciones por presunto financiamiento ilícito en el caso Los Dinámicos del Centro durante la misma campaña electoral.
Por otro lado, Podemos Perú está bajo escrutinio por una posible inscripción irregular ante la ONPE, con su líder José Luna Gálvez, investigado por falsificación de firmas y documentos. Asimismo, otros partidos como Renovación Popular enfrentan cargos por presunta asociación ilícita y lavado de activos vinculado con el caso Lava Jato.
Ministerio Público perderá capacidad de imputar
Según una nota de El Comercio, la presidenta de la Comisión de Constitución del Parlamento, Martha Moyano, declaró durante el debate que “los partidos políticos no podrán ser sujetos de disolución, suspensión o cierre de sus locales por vía judicial, sino que su régimen sancionador se rige por la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas y sus estatutos partidarios”.
Con esta reforma, el Ministerio Público pierde la capacidad de imputar responsabilidad penal a colectivos políticos, enfocándose únicamente en individuos. Por tanto, la estructura y funcionamiento de los partidos no podrán ser directamente afectados por sanciones judiciales.
Esta modificación del artículo 105 del Código Penal ha generado diversas reacciones entre los actores políticos y ciudadanos. Mientras algunos sectores argumentan que la ley garantiza la estabilidad de las organizaciones políticas, otros críticos sostienen que podría fomentar la impunidad dentro de las mismas.
Cabe destacar que esta normativa forma parte de un conjunto de cambios impulsados por el Poder Legislativo para ajustar la regulación de las actividades de los partidos políticos en el país. La publicación de esta ley formaliza su entrada en vigor y su aplicación inmediata.
