El Gobierno ha decretado la emergencia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del Sistema Nacional Penitenciario por un periodo de 24 meses, según lo oficializado en el Decreto Supremo N° 014-2024-JUS, publicado hoy en el diario oficial El Peruano. La medida fue suscrita por la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Gustavo Adrianzén y el ministro de Justicia Eduardo Arana.
Estrategia para enfrentar la crisis
Dentro de los próximos 45 días, el Ministerio de Justicia deberá aprobar una «Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria» para abordar los problemas estructurales que aquejan al sistema penitenciario, entre ellos el hacinamiento extremo y las deficiencias en la resocialización de los reclusos.
Según el decreto, esta decisión busca implementar la Política Nacional Penitenciaria al 2030, priorizando la mejora de condiciones de vida y oportunidades para las personas privadas de libertad.
Hacinamiento crítico y deficiencias estructurales
Actualmente, los 69 establecimientos penitenciarios del país albergan a 98,127 reclusos, aunque su capacidad es para solo 41,556, lo que genera una sobrepoblación del 136%. Además, menos de la mitad de los internos se encuentran en cárceles con condiciones mínimamente adecuadas en términos de infraestructura y servicios básicos.
El Tribunal Constitucional ya había alertado sobre esta situación en 2014, declarando un «estado de cosas inconstitucional» y exhortando al Gobierno a tomar medidas concretas para revertir el crítico hacinamiento y las carencias en los penales del país.
Acuerdos y recomendaciones previas
En junio de 2024, durante la II Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), se acordó la necesidad de declarar en emergencia el Sistema Penitenciario. Más tarde, en noviembre, el Consejo de Estado estableció prioridades como la ampliación de penales existentes, la construcción de nuevos centros penitenciarios y la reorganización del INPE, medidas que ahora forman parte de esta declaratoria.
Con esta acción, el Gobierno busca encaminar al país hacia un sistema penitenciario más humano, eficiente y alineado con los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
