La Fiscalía formalizó este martes su petición para que se ordene la detención domiciliaria durante 18 meses del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), una solicitud que el exmandatario rechazó por considerar que vulnera sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.
La audiencia de variación de comparecencia simple a detención domiciliaria en el proceso que se sigue por el asesinato en 1992 de seis personas en la localidad de Pativilca, a manos del grupo militar encubierto Colina, fue realizada por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Littman Ramírez.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad expuso los «elementos de convicción» de la solicitud, basada en que Fujimori no tiene «ninguna medida coercitiva» y se debe evitar el riesgo de fuga.
La Fiscalía recordó que Fujimori fue excarcelado en diciembre pasado por orden del Tribunal Constitucional y que el año pasado también venció un impedimento de salida del país por 18 meses.
Ya que Fujimori tiene 85 años, consideró que lo más «acorde con la situación» es su detención domiciliaria para evitar «el peligro de fuga», porque no existe información sobre el arraigo domiciliario, laboral ni la titularidad de bienes del acusado.
En respuesta, el abogado del exmandatario, Elio Riera, pidió la improcedencia del pedido fiscal y aseguró que sí tiene arraigo domiciliario en la casa de su hija Keiko Fujimori.
Además, dijo que existen fotos con sus nietas e hijos que prueban su arraigo familiar y el contrato con una editorial con la que «ha trabajado en sus memorias», además de una pensión como exrector de una universidad, como prueba de arraigo laboral.
«Nos encontramos ante un pedido que tiene que ser declarado improcedente», dijo Riera antes de indicar que el requerimiento tiene «graves errores de forma y fondo».
Fujimori defiende su libertad
Durante su participación en la audiencia, de manera virtual, Fujimori afirmó que una detención domiciliaria sería para él «más que una prisión preventiva» y consideró que el pedido fiscal vulnera sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.
Sostuvo que aunque su salud se mantiene estable está «calificado como paciente de alto riesgo», además de que no ha hecho «un solo trámite para obtener un pasaporte».
