El fiscal Germán Juárez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, ha confirmado que su despacho pedirá una pena superior a 15 años de prisión para el expresidente Martín Vizcarra. Esta solicitud se basa en las presuntas coimas que Vizcarra habría recibido en el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua, y se produce después de que se ampliara la acusación inicial.
En el caso mencionado, Juárez Atoche inicialmente solicitó 15 años de prisión por el delito de cohecho pasivo. Sin embargo, a solicitud del Poder Judicial, la fiscal superior coordinadora del Equipo Especial, Elssie Garavito, quien sustituye a Rafael Vela suspendido, revisó el requerimiento acusatorio. Garavito se manifestó en contra de que Vizcarra no fuera procesado por el delito de colusión.
Germán Juárez explicó en una entrevista con RPP Noticias que Garavito confirmó los sobreseimientos de asociación ilícita y usurpación de funciones, pero discrepó en cuanto al delito de colusión. Por lo tanto, Garavito ordenó corregir la acusación para que Vizcarra sea procesado por ambos delitos: cohecho pasivo y colusión. Esta adición de un nuevo delito aumentará la pena solicitada.
Garavito mencionó que la pena privativa de la libertad aumentaría, ya que se estaría imputando un delito de colusión, que tiene una pena diferente a los otros delitos atribuidos a Vizcarra. El fiscal debe evaluar cuánto aumentará la pena de acuerdo con los términos establecidos por el Código Procesal Penal. La colusión simple tiene una pena de entre 3 y 6 años, por lo que se estima que la nueva pena solicitada podría oscilar entre 18 y 24 años de cárcel.
Inicialmente, la Fiscalía atribuyó a Martín Vizcarra la presunta comisión de cinco delitos en el caso Lomas de Ilo-Hospital de Moquegua, pero al presentar la acusación ante el Poder Judicial, solo se imputó el delito de cohecho pasivo propio, solicitando el sobreseimiento para los otros cuatro ilícitos.
Además, se menciona una nueva investigación, denominada «Los Intocables de la Corrupción», dirigida por el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, que implica a Vizcarra en una presunta organización criminal dedicada a direccionar obras de Provías Descentralizado a cambio de coimas. Esta investigación está liderada por la fiscal Marita Barreto y se basa en testimonios de un testigo protegido, posiblemente la exasistente Karem Roca. Dado que Vizcarra aún cuenta con prerrogativa de antejuicio político, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha solicitado un informe al EFICCOP para determinar si se inicia una investigación preliminar en este caso. Además, desde el Congreso, el legislador Héctor Ventura ha presentado una denuncia constitucional contra el exjefe de Estado.
