La Fiscalía de la Nación llevó a cabo un allanamiento en la vivienda y despacho de la congresista María Agüero este martes, en el marco de una investigación que la involucra en una presunta trama de recortes salariales a sus trabajadores. La legisladora, acusada de retener hasta el 10% de los sueldos de su personal, se enfrenta ahora al escrutinio de las autoridades que buscan evidencias que confirmen su participación en este escándalo.
El caso salió a la luz gracias a un reportaje de Punto Final en agosto pasado, cuando una extrabajadora, cuya identidad se mantiene en reserva, reveló que Agüero, con la complicidad de su abogado y asesor César De la Cruz, habría estado apropiándose del dinero de sus empleados. Según la denuncia, la congresista justificaba los recortes argumentando que «el partido tiene gastos y logística que cubrir», una excusa que no resiste el más mínimo análisis.
La exempleada también indicó que De la Cruz, detenido durante el operativo, era quien recogía los salarios y bonos de los trabajadores para entregárselos a Agüero, quien a su vez imponía gastos adicionales a su personal, como cubrir reparaciones de su vehículo. Aunque el abogado defendió sus acciones al calificar los depósitos como «devoluciones» de préstamos, Agüero ha negado las acusaciones, insistiendo en la transparencia de sus cuentas.
El dominical también documentó transferencias sospechosas de De la Cruz hacia Edson Flores, un coordinador de Agüero, que suman un total de S/27,150. Este desvío de fondos entre Lima y Arequipa involucró a otra extrabajadora, Joyce Mejía, quien también recibió transferencias poco después de cobrar su salario, revelando un patrón inquietante en la gestión de Agüero.
A pesar de la controversia, Agüero se ha mostrado crítica respecto a su salario, que recientemente se incrementó a 11,000 soles, argumentando que «los sueldos están por los suelos». Sin embargo, este comentario resulta irónico considerando que posee dos propiedades en Los Ángeles, adquiridas hace dos décadas por un total de 585,000 dólares, que hoy valen más de dos millones.
Además de estas acusaciones, Agüero ha sido objeto de críticas por utilizar el estacionamiento del Congreso para almacenar una camioneta de su hermano, y por su constante exhibición de polos con el rostro del prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, condenado por colusión. Cerrón, tras el allanamiento, se atrevió a calificar la acción fiscal como un «amedrentamiento», deslegitimando la investigación en curso.
Mientras tanto, Agüero, que se reporta en Venezuela, descalifica al dominical que destapó el escándalo, tildándolo de «cortinas de humo» y «instrumentalización de la justicia». Sin embargo, las acusaciones en su contra son lo suficientemente graves como para exigir respuestas claras, no excusas.