El exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, admitió públicamente que actualmente representa legalmente a dos empresas relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht en Perú.
Durante una entrevista en el programa ‘Contracorriente’, Cillóniz explicó su papel dentro de las concesionarias. “Soy director de CTO y de H2Olmos, es decir, de la concesión. Soy director de la concesión, del trasvase y de la distribuidora. Yo represento legalmente a esas dos empresas de Odebrecht, sí”, afirmó.
Sus declaraciones se produjeron en el marco de la discusión sobre la permanencia de Odebrecht en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, en Lambayeque. Ante las críticas del periodista Augusto Thorndike, quien lo vinculó con el esquema de corrupción de la constructora, Cillóniz justificó su participación en las concesionarias argumentando la importancia del proyecto para la región.
“Si se va Odebrecht, se quedan sin agua los agricultores y se pierden 67 mil empleos”, sostuvo. Además, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Estado asuma la administración del proyecto, asegurando que ello podría derivar en su paralización.
En Lambayeque, se debate actualmente la firma de una adenda al contrato de concesión, lo que extendería por diez años más la relación del Estado con la constructora brasileña, ahora rebautizada como Novonor.
Cabe recordar que Odebrecht ha estado involucrada en múltiples casos de corrupción en América Latina y que, en el Perú, la empresa admitió haber pagado 300 mil dólares en sobornos al exgobernador de Lambayeque, Yehude Simon, en 2006 para obtener la buena pro del proyecto Olmos.
Por otro lado, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Ica mantiene abierta una investigación preliminar contra Cillóniz por presunto lavado de activos en agravio del Estado.
Según la denuncia presentada por el abogado Alberto Pachas Ávalos, Cillóniz habría utilizado su posición de poder para adquirir terrenos de forma irregular y luego legalizarlos a través de empresas vinculadas a su entorno familiar. Aunque la investigación fue archivada en mayo de 2024 por falta de pruebas, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos presentó una queja para que el caso continúe en proceso.
