La posible aprobación de la ley que restituye los aportes de empresas a partidos políticos en el Perú ha generado un intenso debate sobre las implicancias para las elecciones generales de 2026. Si bien la normativa busca ampliar las fuentes de financiamiento para las organizaciones políticas, expertos como José Ñaupari advierten sobre los riesgos asociados a esta medida.
Entre los cambios propuestos destacan:
- Aumento de los límites de aportes: Los topes pasarían de 120 UIT a 200 UIT anuales por partido, con un máximo de 500 UIT distribuidas entre varias organizaciones por persona.
- Flexibilidad en actividades proselitistas: Se duplicaría el financiamiento permitido para estos eventos, de 100 UIT a 200 UIT.
- Eliminación de la presunción de renta ilícita: Esto podría facilitar la entrada de fondos de origen dudoso al sistema electoral.
- Triplicación del financiamiento público directo: Los partidos recibirían mayores recursos públicos, lo que genera dudas sobre su distribución y uso.
El especialista resalta que estas modificaciones podrían fomentar una “mercantilización” de la política, favoreciendo a partidos con mayor capacidad económica y dejando en desventaja a aquellos con menos recursos. Además, la falta de restricciones claras para evitar que las empresas aportantes accedan a contrataciones directas con el Estado amplifica los riesgos de corrupción y conflictos de interés.
Con 39 partidos inscritos para participar en los comicios de 2026, el impacto de estas disposiciones será significativo en el panorama político del país. La capacidad de los legisladores para establecer mecanismos de transparencia y supervisión determinará si la norma fortalecerá o erosionará la democracia peruana.
