Surge una nueva crítica hacia las medidas implementadas por el gobierno de Dina Boluarte. La Subcomisión de Control Político del Congreso, liderada por Patricia Juárez de Fuerza Popular, llevará a cabo la próxima semana un análisis sobre la constitucionalidad y legalidad del Decreto Legislativo 1607. Este decreto modifica la Ley contra el crimen organizado (Ley 3007) e implementa medidas contra la formalización de los mineros artesanales.
La revisión surge a partir de un oficio enviado por el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana. En el documento, se destaca que, aunque se otorgaron facultades legislativas, el Poder Ejecutivo actuó sobre una materia expresamente prohibida por el literal C de la Ley 31880. Esta ley limita la legislación a temas como Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres – Niño Global, Infraestructura Social, Calidad de Proyectos y Meritocracia.
El informe también sugiere la creación de una mesa de trabajo con la participación del Ministerio del Interior, Ministerio de Energía y Minas, y los actores del sector. El objetivo es conocer los lineamientos que llevaron a la emisión de la disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607.
Además, se recomienda que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) formule una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal y presente un informe a la Comisión de Energía del Congreso sobre el avance del proceso de formalización y el impacto del decreto en dicho proceso.
En cuanto al contenido del decreto, una de las medidas es la incorporación de acciones para prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras. También establece que las personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tienen un plazo de 90 días para presentar el contrato de explotación o cesión, debidamente inscrito en registros públicos. Aquellos que incumplan son excluidos automáticamente del Reinfo.
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) planea iniciar una protesta en contra de este decreto y tiene previsto llegar al Congreso para discutir con congresistas a favor de la remoción del titular del Minem.
Se rumorea que el portavoz del grupo parlamentario de César Acuña está considerando presentar una moción de interpelación contra el ministro Óscar Vera. Este último también enfrenta críticas por respaldar un préstamo de S/ 2.250 millones solicitados por Petroperú, a pesar de la oposición del Ministerio de Economía. En su última interpelación, el ministro respondió a 56 preguntas sobre la contaminación de las cuencas de los ríos Llallimayo y Jatun Ayllu y Chacapalca en Puno.
