El artículo 93 de la Constitución Política señala que los congresistas no pueden ser procesador ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde su elección hasta un mes después de haber cesado sus funciones.
En ese sentido, la encuesta de Ipsos, obtuvo como resultados que el 78% de la ciudadanía considera que la inmunidad parlamentaria debería ser eliminada.
Por otro lado, el 12 % indica que la inmunidad parlamentaria debería ser reformada para que un órgano externo al Congreso decida su levantamiento.
Finalmente, un 6% considera que la inmunidad tendría que mantenerse debido a que es un derecho para proteger la labor congresal. Un 4% no precisa.
