Tras una prolongada sesión de interrogatorio ante la Fiscalía, la presidente Dina Boluarte confirmó públicamente que el lujoso reloj Rolex fue un préstamo de Wilfredo Oscorima, desestimando las acusaciones en su contra. Sin embargo, diversas contradicciones y cuestionamientos han suscitado dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones.
En medio de un escenario político ya de por sí convulso, las recientes declaraciones de la presidente Dina Boluarte respecto al caso del Rolex han agitado aún más las aguas. Tras someterse a un riguroso interrogatorio que se extendió por cinco horas ante la Fiscalía, Boluarte salió a la palestra pública para afirmar que el lujoso reloj era, en realidad, un préstamo otorgado por Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. Sin embargo, esta versión ha levantado más preguntas que respuestas.
La versión inicial de Boluarte, respaldada por su abogado, Humberto Abanto, sostenía que el Rolex no era un préstamo, contradiciendo así la declaración posterior del letrado que, paradójicamente, cambió su postura en una entrevista televisiva. Esta inconsistencia en las declaraciones ha generado una considerable dosis de escepticismo entre la opinión pública y los líderes políticos.
La congresista Ruth Luque no escatimó en críticas, calificando a Boluarte como una «presidenta mentirosa» que busca confundir a los peruanos para eludir su responsabilidad. Luque no está sola en sus opiniones, pues otros congresistas han expresado su desconfianza en las palabras de Boluarte.
Además de las contradicciones en las declaraciones de Boluarte y su abogado, el propio contexto del caso añade una capa de complejidad. El hecho de que el reloj Rolex sea solo una parte de una investigación más amplia sobre artículos de lujo y el uso de bisutería de marcas exclusivas como Cartier o Bangle, ha puesto en entredicho la transparencia y la ética en la función pública.
El episodio también ha suscitado preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la integridad en el manejo de regalos y préstamos entre funcionarios gubernamentales. La falta de claridad en torno al origen y la naturaleza de estos bienes plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y prácticas poco éticas dentro del gobierno.
En este contexto, las declaraciones de Boluarte han sido recibidas con escepticismo y la exigencia de una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y determinar la verdad detrás del caso del Rolex. La sociedad peruana merece respuestas claras y honestas, así como un liderazgo político que rinda cuentas y actúe con integridad en el ejercicio de sus funciones. (RGL)
