La entidad supranacional solicitó que no se apruebe la ley que especifica la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del año 2002.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), expresando su rechazo al pedido de la entidad supranacional para que no se apruebe la norma que especifica la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.
Como se recuerda, a inicios de julio, la Corte-IDH solicitó al Estado peruano que mediante sus «tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley» en cuestión. Asimismo, demandó que, «a más tardar el 9 de agosto de 2024», emita «un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto».
En respuesta, Boluarte y Soto remarcaron que «el Estado peruano, como lo establece la Constitución Política, es una república democrática, social, independiente y soberana, organizada según el principio de separación de poderes, con una larga tradición de respeto por las obligaciones internacionales que ha suscrito en su poder soberano».
Además, si bien indicaron que el país reitera su firma adhesión al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, subrayaron que «el Perú es un país democrático, que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, a través del control difuso ejercido por el Poder Judicial o del control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional».
Por tal motivo, los titulares del Ejecutivo y Legislativo deploraron que la Corte-IDH «implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos».
«Rechazamos de manera categórica los términos contenidos en la Resolución de 1 de julio de 2024, puesto que lo concedido como medida provisional supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes, en tanto que en la práctica requiere que los poderes del Estado renuncien al ejercicio de sus competencias constitucionales y abdiquen en sus funciones a favor de una instancia supranacional», se lee en la misiva.
También rechazaron que la Corte-IDH use el término «conflicto armado interno» para referirse a los años en que el Perú tuvo que enfrentar la «insania terrorista».
