La presidenta Dina Boluarte presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca modificar la Ley N.º 32942, la cual establece el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Esta ley fue creada en el 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra. Entre los cambios que propone, destacan dos aspectos importantes: ambos sitúan al Consejo bajo el control directo del Poder Ejecutivo.
Con esta propuesta, Boluarte establece que el presidente de la República asumirá la presidencia del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia de manera “indelegable”. Este cambio concentraría el liderazgo del Consejo en la figura presidencial, lo cual contrasta con la ley vigente que permite alternar la presidencia entre altos cargos como el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, entre otros.
La normativa actual indica que el Consejo está integrado de manera indelegable por:
- El Presidente de la República
- El Presidente del Congreso de la República
- El Presidente del Poder Judicial
- El Fiscal de la Nación
- El Presidente del Tribunal Constitucional
- El Presidente de la Junta Nacional de Justicia
- El Contralor General de la República
- El Defensor del Pueblo
Otro cambio relevante es la designación del ministro de Justicia y Derechos Humanos como secretario técnico del Consejo, función que también debe realizarse de manera indelegable. Como secretario técnico, su rol será coordinar con el consejo técnico para ejecutar los acuerdos del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. En términos prácticos, tanto la presidencia como la coordinación técnica quedarían en manos del Poder Ejecutivo, limitando la participación de otros actores en la toma de decisiones.
Un aspecto adicional del proyecto es la eliminación de la representación de las rondas campesinas, reemplazándola por representantes de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo.
Es relevante mencionar que Dina Boluarte enfrenta diversas investigaciones en el Poder Judicial. Las denuncias en su contra incluyen desde temas de financiamiento de campaña y muertes en el inicio de su gobierno hasta presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad, como la desactivación del equipo especial de la PNP que colaboraba con el Eficcop.
La última vez que la mandataria respondió a los medios fue el 9 de julio. En esa ocasión, negó tener investigaciones por corrupción y criticó al Ministerio Público, sugiriendo que opera más como una «mesa de partes» para algunos medios de comunicación. Boluarte lamentó que las constantes acusaciones y difamaciones puedan dañar la imagen pública de una persona.
En su discurso, la presidenta reafirmó su compromiso de gobernar con «manos limpias» y acusó a ciertos sectores de amplificar acusaciones inventadas en su contra. Recordó que asumió la presidencia en un contexto de crisis, tras el intento de golpe de Pedro Castillo, y resaltó que liderar Perú en esas condiciones ha sido un desafío que requiere dedicación y trabajo incesante.
