Dina Boluarte presentó ante el Congreso la propuesta de designar a Pedro Cartolín, actual juez supremo provisional de la Corte Suprema, como el nuevo contralor general de la República, en sustitución de Nelson Shack.
La presentación oficial se llevó a cabo de acuerdo con la Ley 27594, que establece los procedimientos para el nombramiento de funcionarios públicos, mediante una Resolución Suprema rubricada por la mandataria y los ministros Walter Astudillo (Defensa) y José Arista (Economía y Finanzas).
El período de Shack en la Contraloría finaliza en julio próximo, después de siete años en el cargo, tal como lo estipula la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría. En una entrevista con Infolegal el año pasado, Shack afirmó que no buscaría extender su mandato más allá de su término.
«Yo fui electo Contralor General de la República sobre la base de un acuerdo político para implementar una reforma de control que ya está prácticamente concluida. Mi período de gobierno concluye el 19 de julio de 2024 y seré respetuoso de los tiempos», expresó Shack.
Cartolín, quien cuenta con una destacada trayectoria como jurista, renunció en abril de 2023 a su candidatura a la jefatura de la Defensoría del Pueblo por razones personales. Posee una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y ha ocupado importantes cargos en el sistema judicial peruano, incluyendo la presidencia del Jurado Electoral Especial Lima Sur 2 y funciones como juez superior en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.
El proceso de confirmación de Cartolín como nuevo contralor implicará una evaluación por parte del Congreso, que puede requerir información adicional, realizar entrevistas con el candidato y llevar a cabo un proceso de consulta para determinar su idoneidad para el cargo. Posteriormente, más de la mitad de los legisladores deben aprobar su designación para que sea oficial.
La Contraloría General de la República tiene como funciones principales el control gubernamental, que abarca la supervisión previa, simultánea y posterior de las operaciones del Estado, así como la realización de auditorías en diversos ámbitos, como el financiero, operativo, de gestión y ambiental. Además, emite informes detallados con hallazgos y recomendaciones para mejorar la gestión pública y tiene la facultad de sancionar administrativamente a los funcionarios por faltas en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, recientemente concluyó que la contratación de Joinnus por parte del Ministerio de Cultura para la expedición de boletos de ingreso a Machu Picchu incumplió la ley al ser una adjudicación sin concurso público.
