En el complejo escenario de investigaciones judiciales que rodean a la presidenta Dina Boluarte, se destaca un proceso que ha recibido menos atención mediática pero que reviste gran importancia. Este involucra al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), entidad en la que Boluarte desempeñó un papel significativo en el pasado. La investigación actual se centra en una acusación de presunto peculado doloso contra la mandataria, un caso que se originó durante su etapa como vicepresidenta de la República. La imputación se basa en la presunta instigación de Boluarte para que dos funcionarias de Reniec le depositaran su sueldo de marzo de 2021, un periodo en el que se encontraba en licencia sin goce de haber.
La defensa de Boluarte busca cerrar este capítulo legal presentando una «excepción de improcedencia de acción», argumentando que el hecho imputado no constituye un delito y que la presidenta no ejerció influencia sobre las funcionarias en cuestión, al no existir relaciones amicales, laborales ni de subordinación entre ellas. A pesar de los reveses judiciales, con el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima rechazando la excepción formulada por la defensa, Boluarte ha apelado esta decisión ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lima.
Esta instancia judicial, al confirmar el fallo original, sostuvo que los hechos presentados por la Fiscalía constituyen un delito y que la responsabilidad penal de Boluarte y las funcionarias deberá ser determinada en juicio oral. En respuesta a estas adversidades, la defensa de Boluarte ha llevado el caso a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de casación. La casación busca no solo revisar el caso específico, sino también contribuir al desarrollo de jurisprudencia sobre la imputación del delito de peculado doloso en calidad de instigador. La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lima ha admitido el recurso y lo ha elevado a la Sala Suprema Penal Permanente, que deberá evaluar la relevancia de los temas planteados. En caso de ser concedido, se convocará a una audiencia pública, de lo contrario, el expediente regresará al juzgado de origen. Este proceso legal complejo y en evolución plantea interrogantes sobre el futuro de Dina Boluarte en medio de las cuestiones legales que la rodean.
