Según el órgano de control, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social omitió en su declaración jurada de intereses que era presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac. Desde Suiza, ella rechaza la acusación.
La Contraloría General de la República halló que la vicepresidenta Dina Boluarte omitió consignar en su declaración jurada de intereses que era presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac. Con ello, la también titular del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social habría infringido el artículo 126 de la Constitución.
“Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, se lee en la Carta Magna.
En el informe de la Contraloría se indica que Boluarte fue elegida presidenta del Consejo Directivo de la asociación Club Departamental Apurímac para el periodo del 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Posteriormente, resultó reelegida para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022.
El 15 de febrero de 2022, cuando Boluarte ya pertenecía al Poder Ejecutivo, se le volvió a ampliar hasta el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública del 20 de setiembre de 2021, su gestión en el referido club.
“La fiscalizada (Boluarte) durante el periodo del ejercicio del cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo”, se lee en el documento.
Fuente: Contraloría General de la República.
Fuente: Contraloría.Esta situación también se habría dado en el Consejo Directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, donde Boluarte fue elegida segunda vicepresidenta de la institución en marzo de 2019. Luego, el 8 de mayo de 2021, la nombraron como primera vicepresidenta de dicho consejo para el periodo 2021-2023.
FAMILIARES
En el mismo informe se menciona que las contrataciones hechas por el hermano y el cuñado de la vicepresidenta, Nicanor Boluarte Zegarra y Alfredo Pezo Paredes, con la Municipalidad de Pueblo Libre y la Contraloría, respectivamente, configurarían un potencial conflicto de interés. Por ello, se recalca que ambos están impedidos de contratar con el Estado.
El 4 de agosto, Nicanor Boluarte Zegarra fue designado en el cargo de “Asesor I” del despacho de la alcaldía de la Municipalidad de Pueblo Libre, bajo la modalidad de Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
La Contraloría apunta que la vicepresidenta no informó en su declaración jurada de intereses sobre el lugar de trabajo de su familiar. Solo puso que era “abogado independiente”.
El informe se ha derivado a la presidencia de la república, a la presidencia del Consejo de Ministros, al Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), a la Oficina de Integridad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a la Municipalidad de Pueblo Libre a fin de tomar las medidas correspondientes en este caso que involucra a Dina Boluarte.
La Contraloría halló también conflictos de intereses en contrataciones de hermano y cuñado de Dina Boluarte.RECHAZA ACUSACIÓN
En medio del escándalo, Dina Boluarte se pronunció desde Suiza, donde se encuentra para representar al Perú en calidad de primera vicepresidenta de la República en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), para rechazar que haya cometido alguna infracción constitucional.
“Como todo ciudadano y ciudadana tengo derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro, máxime cuando representan el desarrollo cultural de nuestro país, como es el caso de la Asociación Departamental Club Apurímac así como de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, instituciones de las que no he percibido ni percibo remuneración ni beneficio lucrativo alguno, las que están dedicadas a la promoción de nuestra expresión cultural. Debo precisar que, en respeto estricto del artículo 126 de la Constitución, solicité licencia en ambas instituciones, antes de asumir las funciones públicas que ejerzo como vicepresidenta y ministra de Estado”, se lee en el comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.
La vicepresidenta tiene previsto retornar al país el 27 de mayo.
* Tomado de infobae. Escritio por Rodrigo Chillitupa
