También se dio prisión preventiva contra 22 ciudadanos tras acciones de la Procuraduría del Mininter.
Un total de 27 personas fueron sentenciadas por actos vandálicos durante las protestas registradas en el país debido a las acciones desarrolladas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Ministerio del Interior (Mininter).
En el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, dicha procuraduría logró que el Poder Judicial de Ica emita estos fallos por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.
Estas personas fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de pena, y están obligados a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los S/ 50,000.
En estos casos no se produjo la prisión efectiva de los sentenciados debido a que, ante las evidencias que los incriminan, se acogieron a la terminación anticipada, logrando así la obtención de sus sentencias sin mayores dilaciones.
Igualmente, la entidad adscrita al Mininter consiguió que otros 22 manifestantes procesados por actos violentos en diferentes regiones del país reciban mandato de prisión preventiva, entre uno y 18 meses, mientras son investigados.
Las investigaciones que están en curso en estos 22 casos responden a sucesos ocurridos en Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.
Vale destacar que la Procuraduría Pública ejecuta una labor preventiva en las diferentes ciudades del país afectadas por las protestas ciudadanas de los últimos meses, trabajando de la mano del Ministerio Público, el Poder Judicial (PJ) y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Asimismo, realiza acciones para advertir, notificar y exhortar a los organizadores de las manifestaciones a no cometer delitos y respetar el orden público durante sus movilizaciones.
También tiene a su cargo realizar el levantamiento de los informes y proceder a la respectiva visualización de pruebas, con el objetivo de recomendar al representante de la Fiscalía la solicitud de prisión preventiva a quien corresponda.
