El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, junto con los ministros de Ambiente y Desarrollo Agrario, Juan Carlos Castro y Ángel Manero, han sido objeto de una denuncia penal por cuatro delitos relacionados con los incendios forestales. La acusación también incluye a Nelly Paredes del Castillo, actual directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y extitular del Midagri.
La investigadora Lucila Pautrat ha presentado las siguientes imputaciones: omisión, rehusamiento o demora en el ejercicio de funciones; otorgamiento ilegal y legítimo de derechos sobre inmuebles; y avocamiento ilegal de un proceso en curso.
La denunciante solicita al Ministerio Público que inicie las diligencias preliminares en un plazo no mayor a 60 días, incluyendo la programación de declaraciones tanto de los acusados como de testigos.
La denuncia sostiene que los ministros y el premier habrían incurrido en avocamiento ilegal al tratar de implementar una clasificación de tierras y normativas para el cambio de uso en actividades agropecuarias, en respuesta a dos resoluciones del Midagri.
Además, se menciona que las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el Colegio de Sociólogos del Perú y el Gobierno Regional de San Martín han sido admitidas por el Tribunal Constitucional, mientras que una demanda de amparo está siendo procesada en el Tercer Juzgado Constitucional de Lima.
El delito de avocamiento ilegal, tipificado en el artículo 410 del Código Penal, conlleva una pena de hasta dos años de prisión e inhabilitación.
La denuncia también alega un otorgamiento ilegal y legítimo de derechos sobre inmuebles, citando que el ministro Manero anunció en el Parlamento un programa de formalización de predios agrarios que, según la denunciante, carecen de títulos habilitantes y estudios necesarios. Estos terrenos se encuentran en áreas invadidas, deforestadas y ocupadas ilegalmente.
Se argumenta que tanto el Midagri como el Congreso eran conscientes de la imposibilidad de titularizar áreas deforestadas y ocupadas ilegalmente, dado que se trata de Tierras Forestales y de Protección.
En cuanto a la acusación de omisión, la denunciante resalta que la declaratoria de emergencia en Amazonas, San Martín y Ucayali, emitida por el Gobierno de Dina Boluarte tras varios días de incendios, evidencia un «negligente y tardío accionar» del Ejecutivo. Esto, según ella, ha contribuido al aumento de víctimas y damnificados, lo que podría encuadrarse en el delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal, que prevé penas de hasta dos años de prisión y 37 días-multa.
