El juez Richard Concepción Carhuancho, quien evalúa el pedido de prisión preventiva por 36 meses para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y para el exabogado Mateo Castañeda, enfrenta una denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima. La queja, presentada por el abogado Pedro Joel Lavado Degracia, lo acusa de haber actuado de manera poco ética y de incumplir su deber de imparcialidad durante una clase universitaria, en la que supuestamente compartió detalles confidenciales de un caso penal en curso.
En el documento, Lavado argumenta que Concepción Carhuancho habría calificado prematuramente a los investigados como miembros de una “organización criminal”, una declaración que, según el abogado, constituye un «adelanto de opinión» que compromete la objetividad del magistrado en este proceso. La denuncia destaca que este tipo de expresiones ponen en riesgo el derecho de los implicados a un juicio justo y equitativo.
En paralelo, la defensa de Nicanor Boluarte, encabezada por el abogado Luis Vivanco, ha solicitado formalmente que el juez sea apartado del proceso, considerando que existen elementos que afectarían su imparcialidad. Vivanco enfatiza que este paso es necesario para proteger el debido proceso y garantizar que el juez que resuelva la medida de prisión preventiva sea realmente objetivo.
El caso ‘Waykis en la sombra’, que involucra a Nicanor Boluarte y otros allegados de la presidenta, sigue generando polémica. La Fiscalía sostiene que Boluarte, identificado como “El número 2”, habría utilizado las prefecturas regionales para designar subprefectos en posiciones estratégicas a cambio de beneficios económicos, con el fin de captar apoyo para el partido Ciudadanos por el Perú. A su vez, Mateo Castañeda, el exabogado de la presidenta, estaría involucrado en la defensa legal de la presunta red, buscando blindar a sus miembros ante posibles procesos judiciales.
Ni el juez Concepción Carhuancho ni el Colegio de Abogados de Lima han emitido declaraciones sobre la denuncia. El abogado Lavado exige que el CAL inicie una investigación para esclarecer los hechos y tomar medidas disciplinarias si se confirma la falta ética, pidiendo incluso la separación de Carhuancho del gremio, en caso de que se verifique su conducta indebida.
