A pocos días del cambio de gobierno y encontrándose pendientes de resolver un número significativo de impugnaciones que permitan culminar el presente proceso electoral, la Defensoría del Pueblo reiteró que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe resolverlas en el más breve plazo posible.
En un pronunciamiento público, la institución señaló que, tal como lo establece la Constitución y su Ley Orgánica, el JNE es el supremo ente de justicia electoral del país, siendo la instancia que legítima el poder de elección popular.
Por ello, sostuvo, resulta inexcusable que cumpla con el deber de motivar sus resoluciones, en similar nivel de exigencia que el Poder Judicial y Tribunal Constitucional, dado que cierra en definitiva toda controversia electoral y determina quienes serán nuestras máximas autoridades.
En tal sentido, indicó, le corresponde motivar sus fallos con el mayor nivel de exigencia y rigurosidad, siendo ello garantía de que se sustentan en el principio de razonabilidad y proporcionalidad.
«Motivar, bajo los parámetros antes mencionados, supera la sola mención de la ley aparentemente aplicable o la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto debido a que no en todos los casos susceptibles de ser conocidos por la justicia electoral pueden resolverse aplicando normas o jurisprudencia sin atender a las características propias de cada situación», precisa el escrito.
La Defensoría consideró que no bastaría señalar que la pretensión de una organización política es improcedente solo citando el artículo del reglamento electoral, sin ponderar la situación frente al deber de proteger la voluntad popular expresada en el sufragio.
