La Defensoría del Pueblo exhortó a las instituciones del sistema electoral, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas a garantizar el derecho al sufragio de todos los ciudadanos, principalmente de los sectores de especial protección como las personas con discapacidad, los adultos mayores, los indígenas y la comunidad LGTBI.
Precisó que los miembros de mesa no pueden impedir o negar el ejercicio del derecho al voto de las personas LGTBI basándose en sus apariencias físicas, orientación sexual o expresiones de género.
Corresponde a los organismos del sistema electoral, incluidas las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, garantizar su sufragio sin que sean víctimas de ningún tipo de discriminación, recalcó.
La Defensoría del Pueblo precisó que en el caso de las personas con discapacidad, adultas mayores o embarazadas, es necesario ubicar las mesas de sufragio en los primeros pisos y la colocación de rampas debidamente señalizadas.
Para el caso de los invidentes, las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) tienen que prever el uso de material en Braille cuando lo requieran o el acompañamiento de personas de su confianza. Igualmente, es importante brindarles las facilidades necesarias en los locales donde se ejerza el voto electrónico, enfatizó.
Otro sector importante de la población, cuyos derechos se deben garantizar, está constituido por los ciudadanos indígenas, representados por más de seis millones de habitantes. En estos casos, la Defensoría del Pueblo exhortó a considerar la presencia de personas que los orienten en sus lenguas originarias este 26.
Se debe reforzar la difusión de publicidad electoral en las lenguas originarias en aquellos distritos en los que haya predominancia de alguna de las 48 lenguas originarias que existen en el país, incluyendo a las más alejadas, con el fin de mejorar la participación política de los ciudadanos indígenas, así como su representación en el Parlamento, agregó.
La Defensoría del Pueblo está supervisando los locales de votación a fin de verificar que sus infraestructuras estén debidamente acondicionadas para brindar la accesibilidad a personas con discapacidad, los adultos mayores y embarazadas.
El 26 de enero se desplegarán cerca de 1,000 representantes de la institución en todo el país para recoger información sobre las medidas para garantizar el derecho al voto de los grupos de especial protección, la ocurrencia de hechos de violencia y otros.
