Así lo denunció la institución luego de analizar el redondeo en las tarifas a favor de la empresa que afectó “los derechos de los usuarios” y dañó “el derecho de propiedad”
La Defensoría del Pueblo, a través de una reciente investigación, reveló que el contrato firmado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Rutas de Lima S.A.C. es lesiva y afecta el interés público.
Así lo explica en el documento institucional ‘El Caso de la Concesión de Vías Nuevas de Lima y la Afectación al Interés Público: Una Aproximación a partir de la Vulneración de los Derechos Fundamentales’, donde denuncia la inexistencia de una vía alterna a la unidad de peaje de Chillón y de la prohibición de su instalación, lo que “vulnera el derecho al libre tránsito”.
Además, se analiza el redondeo en las tarifas a favor de la empresa, lo cual “afecta los derechos de los usuarios y vulnera el derecho de propiedad”. Medida que está prohibida en la Constitución Política y el marco legal vigente.
Recomienda modificar la Ley N.° 1362
Ante estas deficiencias, la mencionada institución recomendó al Congreso de la República modificar el Decreto Legislativo N.° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos.
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La Defensoría del Pueblo analizó el redondeo en las tarifas a favor de la empresa, lo cual «afecta los derechos de los usuarios y vulnera el derecho de propiedad». | Andina
Con el objetivo de que se incorpore “en los procesos de elaboración y ejecución de los contratos de concesión, mecanismos de participación ciudadana y de evaluaciones con enfoque de derechos, así como prohibir que cualquier contrato suscrito mediante APP restrinja el ejercicio de atribuciones propias del Estado, especialmente la construcción, mejoramiento, habilitación o rehabilitación de infraestructura pública, tales como vías públicas”.
También denunciaron que las mencionadas afectaciones se dieron tras la inclusión ilegal de una nueva unidad de peaje en la carretera Panamericana Norte, llamada el nuevo peaje Chillón, que va en sentido de Lima-Norte. Y también por el pacto de redondeo de la tarifa de peaje en perjuicio del usuario.
Antecedentes perjudiciales
La Defensoría del Pueblo recordó que en el año 2017 se produjeron protestas en la zona que solo cesaron con la suspensión de la nueva unidad de peaje Chillón.
“Esta decisión de la comuna ha generado una deuda económica a la Municipalidad Metropolitana de Lima con el concesionario, superior a los 216 millones de soles, que se incrementará mensualmente hasta el fin de la concesión en el año 2046, menoscabando el presupuesto municipal y la atención de otras necesidades de la comuna”, lamentó.
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La Defensoría del Pueblo recordó que en el año 2017 se produjeron protestas en la zona que solo cesaron con la suspensión de la nueva unidad de peaje Chillón. | El Comercio
Denuncia redondeo perjudicial para los usuarios
La institución encabeza da por Josué Gutiérrez Cóndor confirmó que el redondeo aplicado a las tarifas de peajes, “ilegalmente pactado en el contrato”, perjudicó a los usuarios, favoreciendo a Rutas de Lima como una recaudación adicional de más de siete millones de soles. Esto es desmedro del derecho de propiedad y rompiendo el principio de defensa de los consumidores y el equilibrio entre los intereses del particular con los de la comunidad.
“Se detalló que estas cláusulas transgreden el artículo 65 de la Constitución y el artículo 44 del Código de Protección al Consumidor y que el contrato perjudica a los usuarios de las vías y no ha previsto un mecanismo de devolución del redondeo realizado en perjuicio del usuario”, se lee en el documento.
Además, la Defensoría señaló que el contrato y su ejecución afectó el bien común, la dignidad humana, los principios democráticos, la convivencia pluralista y los derechos fundamentales de las personas. Ante ello, exhortó encontrar una salida conjunta dentro de los márgenes de la ley.
* Tomado de Infobae
