El Gobierno declaró el estado de emergencia en los distritos de Caravelí y Atico, ubicados en la provincia de Caravelí, región Arequipa, afectados por el conflicto minero que dejan hasta el momento 14 muertos, tres desaparecidos y varios heridos.
Así lo dispone el Decreto Supremo N° 065-2022-PCM publicado hoy en la separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano que precisa que la medida regirá por 60 días calendario.
Dispone, asimismo, que durante el estado de emergencia en Atico y Caravelí quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
La norma subraya que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Precisa que la intervención de la PNP y de las FF AA se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE, respectivamente.
La implementación de las acciones previstas en el presente Decreto Supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.
En los considerandos del decreto supremo se precisa que la medida se adopta a solicitud de la Comandancia General de la Policía Nacional que recomienda declarar el estado de emergencia en Caravelí y Atico con el objeto de restablecer y mantener el control del orden interno y refiere el conflicto social que se vive en dichas jurisdicciones a consecuencia del enfrentamiento entre mineros informales y la empresa Intigold Mining S.A..
El enfrentamiento se remonta desde hace varios años, pero el 2 de junio mineros informales y trabajadores de Intigold Mining se enfrentaron con armas de fuego. En un principio se informó que el enfrentamiento dejó siete muertos, pero en los últimos días se conoció de otros siete fallecidos.
Durante la intervención de las fuerzas del orden en la zona se detuvo a 31 personas quienes cumplen prisión preliminar mientras se desarrolla la investigación para determinar su responsabilidad en la muerte de 14 personas.
El Decreto Supremo lleva la firma de la primera vicepresidenta de la República, Dina Boluarte; y es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; y por los ministros del Interior, Dimitri Senmache; Defensa, José Luis Gavidia; y Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.
