En un hecho que ha causado un terremoto político, tres integrantes de la comisión encargada de investigar la supuesta red de prostitución dentro del Congreso de la República renunciaron de manera irrevocable; la decisión, calificada como un revés para las investigaciones, deja en suspenso el avance de un caso que ha puesto en jaque a una de las instituciones más importantes del país.
Flor de María Tello, Patricia María Durán Vázquez y Natalia Giselle Escudero Rodríguez abandonaron la comisión ad hoc argumentando que no contaban con las condiciones necesarias para realizar su labor. Según revelaron, los instrumentos proporcionados no cumplían con el reglamento interno ni ofrecían sustento suficiente para avanzar en la investigación.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, se mostró sorprendido y anunció que citará a las renunciantes para que expliquen las razones detrás de su decisión; «es crucial obtener claridad sobre esta situación. La renuncia de estas profesionales podría ser síntoma de algo más grave», señaló.
El caso, que ya estaba bajo el ojo público por las denuncias contra Jorge Torres Saravia, señalado como cabecilla de la presunta red, ahora enfrenta un nuevo obstáculo.
La falta de apoyo normativo, las contradicciones en la designación de la comisión y las recientes renuncias no solo afectan la credibilidad del Congreso, sino que también retrasan la búsqueda de la verdad en un caso que podría tener implicaciones históricas.
¿Será posible retomar la investigación con transparencia? Las próximas sesiones del Parlamento serán decisivas para el futuro de este polémico caso.
