El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el Ejecutivo no brindará protección a los implicados en el escándalo de corrupción del programa Qali Warma, administrado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Este caso involucra al exministro Julio Demartini y al vocero presidencial Fredy Hinojosa, ambos cercanos a la presidenta Dina Boluarte.
El escándalo estalló tras la distribución de conservas de carne de caballo no aptas para el consumo humano a niños en edad escolar. La Fiscalía ha incluido en su investigación a Demartini por presunta obstrucción a la justicia y a Hinojosa por presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio.
Mientras las investigaciones avanzan, tanto Demartini como Hinojosa han negado cualquier responsabilidad. Hinojosa, en particular, ha denunciado ser utilizado como un “chivo expiatorio” debido a su cargo como jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia.
Este caso representa un golpe significativo para la administración de Dina Boluarte, que ya enfrenta una crisis de legitimidad. La corrupción en programas sociales, especialmente en aquellos dirigidos a la alimentación infantil, es un tema altamente sensible que erosiona la confianza ciudadana en el gobierno.
La estrategia del Ejecutivo parece ser la de marcar distancia de los investigados para evitar un mayor desgaste político. Sin embargo, la inclusión de figuras cercanas a Boluarte en la investigación sugiere que el problema podría estar más arraigado dentro del aparato estatal.
Además, la respuesta del premier Adrianzén, asegurando que los responsables “serán encarcelados”, busca enviar un mensaje de firmeza, pero también refleja una postura reactiva. En lugar de prevenir estos actos mediante una mayor fiscalización y transparencia, el gobierno se limita a prometer sanciones cuando el daño ya está hecho.
Este escándalo podría convertirse en un punto de inflexión para el gobierno de Boluarte, dependiendo de cómo se maneje políticamente. Si las investigaciones avanzan y se encuentran responsables, el Ejecutivo podría utilizarlo como una oportunidad para reforzar su imagen de lucha contra la corrupción. Sin embargo, si el caso se diluye en impunidad o protecciones encubiertas, aumentará el desgaste y la percepción de que en el Perú la corrupción sigue siendo estructural e intocable.
