La entidad controladora informó que nueve extrabajadores tienen presunta responsabilidad penal y administrativa por estos hechos.
La Contraloría General de la República detectó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó el pago irregular de 41 millones 131,152 soles a funcionarios y servidores de confianza, durante el periodo 2020-2022; es decir, durante la gestión de Jorge Muñoz, contraviniendo la normativa legal aplicable, lo que ocasionó el gasto de recursos públicos en menoscabo de los intereses patrimoniales del Estado y la correcta administración pública.
Se informó que nueve extrabajadores tienen presunta responsabilidad penal y administrativa por estos hechos.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 037-2024-2-0434-AC, los funcionarios de la MML efectuaron el trámite y pagaron por el concepto de “asignación por responsabilidad funcional” a 384 empleados de confianza, a pesar de que desde el 2006 existen restricciones de carácter presupuestal en las leyes anuales de presupuesto del sector público que prohíben el pago de asignaciones u otros similares, cualquiera sea su naturaleza, periodicidad, modalidad, entre otros.
Durante la auditoría realizada, se evidenció que no existe documentación que autorice o justifique legalmente el pago de la “asignación por responsabilidad funcional”. Tampoco se encontraron documentos que sustenten la evaluación o métodos aplicados para determinar el monto otorgado, lo cual se habría definido de manera discrecional.
Según la normativa vigente, solo se pueden aprobar nuevas bonificaciones, asignaciones, beneficios u otros, mediante decreto supremo o norma con rango de ley dada por el gobierno central, lo cual no sucedió en este caso.
Por este caso, la Contraloría ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los nueve exfuncionarios comprendidos en el informe de control para que se determinen las responsabilidades que correspondan. Asimismo, se considera tramitar un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a siete de estos exfuncionarios.
