Los titulares de los diferentes poderes del Estado, de los Organismos Constitucionales Autónomos, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, representada por su presidente, y de la Asociación de Municipalidades del Perú, representada por su presidente, se reunieron tras la convocatoria de la mandataria, Dina Boluarte, en Consejo de Estado.
Estos son los acuerdos:
- Seguridad ciudadana: Fortalecer e impulsar el trabajo coordinado entre los diversos actores y responsables estatales de brindar bienestar y seguridad pública. Este trabajo coordinado debe tener en cuenta la clara definición del rol que compete a cada uno, respetando sus opiniones, autonomías y ámbitos constitucionales y legales, pero siempre desde una visión integral de los procesos que correspondan y orientados al objetivo común de lograr la seguridad ciudadana y bienestar general a través de una estrategia común. Asimismo, revisar y adecuar el marco normativo y jurisprudencial vigente, promulgados en contextos anteriores a la crisis de seguridad ciudadana a fin de posibilitar –a nivel nacional y de forma descentralizada- la persecución y la sanción a los nuevos actores del delito, que utilizan nuevas modalidades delictivas, muchas de ellas importadas y que incluyen sobre todo el uso de tecnología. Finalmente, debe enfatizarse la labor de educación y prevención social en la infancia y la juventud -a lo largo y ancho de nuestro territorio-, en lugar de poner el énfasis en políticas de reparación o de rehabilitación penitenciaria, lo cual implica abordar la situación de los docentes militantes del MOVADEF, el cual ha sido declarado ilegal por el Poder Judicial.
- Justicia y lucha contra el crimen organizado: Consolidar un Estado comprometido en la lucha contra el crimen organizado, enfocado en construir un Perú seguro y próspero, no solo para cada familia, sino también para los integrantes de la Policía Nacional del Perú y fuerzas armadas, para los jueces y fiscales que trabajan y luchan por la defensa de la democracia y la seguridad ciudadana. Todo ello supone brindar a nuestra Policía Nacional y fuerzas armadas de los elementos científicos, tecnológicos y logísticos, así como las herramientas e instrumentos para combatir eficazmente el crimen organizado transnacional, que hace uso de tecnología de punta, así como un marco legal más protector que coadyuve a la realización eficiente de sus labores. En cuanto a nuestros jueces y fiscales, corresponde orientar todos los esfuerzos para reducir la provisionalidad y lograr la titularidad de todos. Tanto para los miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial y del Ministerio Público deben contar con procedimientos sancionadores espacialmente céleres y drásticos que permitan el apartamiento de las instituciones de los servidores o funcionarios que se hayan involucrado con el crimen organizado. Esto se complementa con la labor de incrementar la infraestructura penitenciaria en concordancia con lo señalado en la Política Penitenciaria y requiere el compromiso y la colaboración de los gobiernos regionales y locales. Asimismo, estos nuevos establecimientos penitenciarios deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y cumplir los fines constitucionales de la pena: la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado a la sociedad.
- Control migratorio: Adecuar el marco normativo vigente y distinguir claramente la figura del refugiado y del migrante a fin de poner en práctica mecanismos permanentes o periódicos que permitan la regularización y la identificación de los inmigrantes que ya se encuentran en el territorio nacional y los que vayan a llegar. Estos mecanismos deben contar con la participación de SUNAFIL, SUNAT y otros organismos supervisores y fiscalizadores. Asimismo, es necesario promover una migración responsable, es decir, no solo centrada en derechos sino en la seguridad nacional y pública, conforme a las necesidades de desarrollo laboral, económico y financiero del país. De otro lado, en los lugares donde existen índices más altos de extorsión y/o nuevas modalidades delictuales importadas que utilizan tecnología de última generación e inteligencia artificial debe acrecentarse la especialización operativa, funcional y académica de las unidades de la Policía Nacional en materia de investigación e inteligencia con el fin de elaborar estrategias y acciones interinstitucionales urgentes y articuladas. Esta misión es nuestra responsabilidad compartida: brindar a todos los peruanos y peruanas –de costa, sierra y selva- la tranquilidad que merecen para desarrollarse plenamente y alcanzar sus metas en una sociedad segura y justa.
- Crecimiento económico: La seguridad ciudadana permite el desarrollo de las grandes inversiones privadas como las zonas agroindustriales en el norte del país, los puertos del Callao y Chancay, los aeropuertos Jorge Chávez y Chinchero, que permiten que el Perú pueda aspirar a lograr una trayectoria de crecimiento elevada e inclusiva, que debe plasmarse en la mejora en la calidad de los servicios públicos de los poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos, en la reducción de la informalidad y el logro de empleos públicos de mayor calidad.
Deben facilitarse y promoverse las inversiones públicas asociadas al capital humano y a la infraestructura, que repercutirá en la mejora en gobernanza pública. De la misma forma impulsar la promoción de los proyectos mineros, gasíferos y agrícolas que se encuentran en el territorio nacional.
Finalmente, el Consejo de Estado da la bienvenida a los líderes de las 21 economías más importantes del mundo reunidos en el Foro del APEC 2024.
