El jueves pasado, el Congreso de la República presentó el proyecto de ley 08742/2024-CR, que otorga amnistía general a los miembros de comunidades campesinas y organizaciones sociales que participaron en las protestas en torno al proyecto minero Las Bambas, en Apurímac.
La ley tiene como objetivo “restablecer la paz social y evitar la criminalización de la protesta social”. En términos prácticos, esto significa que aquellas personas que participaron en estas manifestaciones y que han sido denunciadas, sentenciadas o están siendo procesadas, podrán beneficiarse de esta amnistía. La amnistía abarca hechos ocurridos entre el 11 de mayo de 2011 y el 9 de abril de 2019.
La propuesta cubre delitos como coacción, extorsión, entorpecimiento de servicios públicos, usurpación, y daños, así como cualquier otro delito relacionado con estos. No obstante, quedan excluidos los delitos de lesa humanidad y las violaciones graves a la vida e integridad de las personas. También se excluyen las acciones cometidas por funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas o de la policía que hayan hecho uso de una fuerza desproporcionada durante la represión de las protestas. Además, no se incluirán los delitos cometidos por personas ajenas a las comunidades campesinas y organizaciones sociales.
Por otro lado, la ley establece que quienes se beneficien de la amnistía no podrán ser investigados ni requeridos por los delitos amnistiados. Los fiscales o jueces especializados en materia penal deberán rechazar cualquier denuncia relacionada con estos hechos.
