El pleno del Congreso inició su sesión con la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley 730, que propone modificar el artículo 31 de la Ley Universitaria e incorpora a las secciones de facultad o escuelas profesionales, en el régimen académico de las universidades públicas licenciadas.
Con 95 votos a favor, la representación nacional aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio y fue exonerado de segunda votación por 97 votos.
La iniciativa establece que las universidades públicas licenciadas pueden establecer secciones de facultad o de escuelas profesionales como espacio formativo permanente, ubicado fuera de su ámbito local o sede principal, pero solo dentro de su jurisdicción regional y previa supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Se destaca que la norma beneficiará a los estudiantes que residen en lugares geográficos alejados a las sedes de las universidades públicas licenciadas, pues por la distancia y varias horas de traslado, se ven limitados y en trato desigual para con los estudiantes de la ciudad, lo que le impide el acceso a la educación superior.
Posteriormente, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) sustentó la Moción 2151, que propone que el Congreso de la República cree una comisión para que investigue, desde el 2018 al presente, a los funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo y sus relaciones con las actividades de empresas chinas.
La moción fue admitida a debate con el voto favorable de 70 congresistas, 35 en contra y 3 abstenciones.
Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, el tiempo de debate será máximo de una hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas parlamentarias.
Culminado el debate, el pleno del Congreso aprobó con 77 votos a favor, 29 en contra y 2 abstenciones, el texto sustitutorio de las mociones 2151, 2104 y 2128, luego de acumular dos peticiones a la moción que formuló inicialmente la congresista Chirinos.
De esta forma, se acordó la conformación de una comisión multipartidaria para que en un plazo de 120 días útiles se investigue, desde el 2018 al presente, las licitaciones y contratos de obras públicas convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Nacional y Provías Descentralizado, gobiernos regionales y locales.
Se incluye en la indagación la relación entre los funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo y sus relaciones con las actividades de empresas chinas.
