Mediante sendas iniciativas legislativas, congresistas de distintas bancadas proponen la modificación de mecanismos vigentes correspondientes a la designación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Contralor General de República.
El primero consiste en una modificación del artículo 4 de la ley 26304. La propuesta promovida por el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, tiene por objeto “democratizar la elección de la conformación del JNE”.
Específicamente se busca que la elección de los dos representantes de las universidades públicas y privadas que forman parte del máximo ente electoral, esté a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Actualmente, estos son designados en votación secreta por los decanos de las facultades de Derecho de estos centros de estudios superiores. El proceso eleccionario es encargado a los decanos de las universidades más antiguas; es decir, a las de San Marcos y la Católica, respectivamente.
El proyecto de ley plantea que la ONPE organice esta elección y que, con tal fin, pida a los decanos que presenten tres meses antes de la votación el nombre de los candidatos. Estos deben haber sido propuestos por uno o más decanos de las facultades de Derecho y haber encabezado el decanato de estas por lo menos durante un periodo, se indica.
Contralor con votación calificada
Por otro lado, la bancada de Alianza Para el Progreso ha planteado un proyecto de ley de reforma constitucional para que el contralor general de la República sea electo, y también removido, por el pleno del Congreso y no por la Comisión Permanente de ese poder del Estado.
Con ese fin, en la iniciativa promovida por la vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, se plantea modificar el artículo 82 y derogar el inciso 1 del artículo 101 de la Constitución.
Con ello se pretende que el contralor sea electo por el pleno de la Representación Nacional con los votos de no menos de dos tercios del número legal de congresistas; es decir, con la adhesión de 87 de ellos.
En el proyecto, Camones indica que se busca mejorar el proceso de selección y elección del contralor, reduciendo la existencia de presiones políticas. De igual modo, reducirá las posibilidades de que, por esta elección, se susciten enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo.
