Los legisladores Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores y Elvis Vergara son acusados por organización criminal
La Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación constitucional contra cuatro congresistas de Acción Popular denominados «Los Niños», por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.
Se trata de los legisladores Raúl Doroteo, Darwin Espinoza, Jorge Flores y Elvis Vergara.
En tanto, se dispone archivar la denuncia en este extremo, por falta de material probatorio, en el caso de los congresistas Ilich López y Juan Carlos Mori.
Asimismo, pasa al archivo la denuncia contra los seis legisladores por los presuntos delitos de colusión simple y agravada y cohecho pasivo impropio, sin perjuicio de que se presenten nuevos elementos para una posterior investigación y sanción en sede parlamentaria o judicial.
Las conclusiones del informe final se aprobaron por separado para cada uno de los parlamentarios en sesión de la Comisión Permanente.
Rechazan juicio político
Previamente, la Comisión Permanente aprobó archivar la denuncia constitucional por la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Carta Magna y consecuente juicio político para los seis parlamentarios acciopopulistas.
Este extremo del informe final también se voto de manera separada para cada uno de los legisladores comprendidos en la Denuncia Constitucional N.º 300.
Por último, el órgano del Parlamento designó a la subcomisión acusadora, integrada por las congresistas Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, y Norma Yarrow -encargada de elaborar el informe final del caso-, quienes se encargarán de formular las acusaciones constitucionales ante el pleno del Congreso.
El informe final de la Subcomisión señala que los parlamentarios sindicados como «Los Niños» habrían cumplido el rol de operadores políticos del anterior gobierno, aprovechando su condición política de congresistas en funciones.
En su exposición ante la Comisión Permanente, Camones sostuvo que se respetó el derecho a la defensa y al debido proceso para cada uno de los investigados. Agregó que las conclusiones y recomendaciones del informe final se realizaron con arreglo a ley, con fundamento en los medios probatorios.
