En una reciente sesión del Pleno del Congreso, se desató una controversia en torno a un dictamen que aglutinaba 14 proyectos de ley, aprobado el 18 de junio. El congresista Isaac Mita propuso iniciar el debate sobre un nuevo dictamen, que fue aprobado un día antes tras recibir aportes de una junta de expertos.
Sin embargo, algunos parlamentarios, como Marta Moyano, cuestionaron la presentación de este nuevo dictamen, argumentando que no fue comunicado adecuadamente al Congreso, ya que solo se discutió en la Comisión de Justicia.
La polémica creció cuando varios legisladores señalaron que el nuevo proyecto fue presentado de manera tardía, lo que generó una aparente vulneración del proceso parlamentario. A pesar de ello, se aprobó una cuestión de orden para debatir el dictamen inicial de junio, con la advertencia de que primero se escucharían las opiniones de los 14 autores de los proyectos involucrados.
Tras oír a los oradores, quedó claro que no había consenso. El congresista Alejandro Cavero, por ejemplo, mencionó que tres delitos clave —tráfico de terrenos, minería ilegal y narcotráfico— no fueron incluidos en el dictamen, lo que llevó a algunos legisladores a proponer la derogación de la ley de crimen organizado antes de avanzar con el debate.
Debido a la falta de acuerdo, el congresista Mita, presidente de la Comisión de Justicia, solicitó un cuarto intermedio, que fue aprobado, suspendiendo temporalmente el debate y la resolución sobre los temas más polémicos del dictamen.
¿De qué trata la ley de terrorismo urbano?
El proyecto establece que se considerará terrorismo urbano a quienes cometan dos o más actos como extorsión, sicariato o secuestro, con el objetivo de generar “zozobra en la población o en un sector de ella, buscando obtener beneficios económicos, prevalencia o hegemonía en actividades criminales”. Las penas oscilan entre 20 y 30 años de prisión, con una multa de 365 días.
Asimismo, el proyecto contempla penas mínimas de 30 años en caso de ciertas agravantes, como si el perpetrador es extranjero, pertenece a las Fuerzas Armadas o la Policía, utiliza armamento militar o actúa desde el interior de una cárcel.
Opiniones encontradas
Algunos congresistas, como Fernando Rospigliosi, argumentaron que “las penas no disuaden el delito en el Perú ni en ninguna parte del mundo”. Ruth Luque, Sigrid Bazán y Susel Paredes también se mostraron en contra de la normativa, calificándola de «populismo penal». Paredes añadió que el término “terrorismo urbano” es inadecuado, pues el terrorismo está vinculado a fines políticos.
Por otro lado, el gobierno de Dina Boluarte presentó una propuesta legislativa que busca endurecer las penas por actos de terrorismo urbano, planteando la incorporación del artículo 315-C al Código Penal, que sancionaría con hasta 30 años de prisión delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato. La iniciativa también refuerza la protección de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, garantizando que, en situaciones de estado de emergencia, sus acciones serán procesadas en tribunales militares, no civiles.
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