En una controvertida decisión, la Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes, en primera votación, la restitución de la firma del exmandatario Alberto Fujimori en la Constitución de 1993. Con 17 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones, la medida busca, según sus impulsores, “preservar la memoria histórica” del país.
La propuesta anula la Ley 27600, que eliminó la rúbrica del exgobernante en 2021, tras el colapso de su régimen en medio de denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos. La Carta Magna de 1993, promulgada por Fujimori tras el autogolpe de 1992, sigue vigente y ha sido objeto de debates constantes por su legado político.
El respaldo a la medida proviene de sectores fujimoristas. Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, argumentó que la restitución de la firma es un acto de justicia histórica: “Esto no es un debate sobre los aciertos o errores del expresidente, sino sobre la verdad histórica del país”.
Por su parte, voces de oposición como la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático, criticaron la decisión: “Es un intento por blanquear el pasado de un dictador condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Esto es una afrenta a las víctimas de su gobierno”.
Alberto Fujimori, quien falleció en septiembre de 2024 a los 86 años, marcó la historia del Perú con su controvertido gobierno. En vida, cumplió condenas por crímenes de lesa humanidad y corrupción, pero fue liberado tras la restitución de un indulto en 2022.
El Congreso aún debe someter la iniciativa a una segunda votación en los próximos días. Entretanto, la polémica crece, enfrentando a quienes ven esta medida como una reivindicación histórica y a quienes consideran que se trata de un intento de rehabilitar un capítulo oscuro de la política peruana.
Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han señalado repetidamente las violaciones de derechos ocurridas durante el régimen de Fujimori, incluyendo esterilizaciones forzadas y vulneraciones laborales.
La restitución de su firma en la Constitución añade un nuevo capítulo al debate sobre cómo la historia peruana enfrenta su pasado autoritario.
