La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó dejar sin efecto el Decreto Supremo 001-2022-TR, que regula los servicios de tercerización en las actividades vinculadas al “núcleo del negocio”, el cual fue emitido por el Poder Ejecutivo a inicios de año.
La referida disposición reseñaba la “prohibición de contratar por tercerización las actividades vinculadas al núcleo del negocio o las actividades generadoras de valor para la empresa, o las actividades que generen mayores ingresos para la empresa”.
Norma Yarrow, congresista autora de la iniciativa que deroga el referido decreto, señaló que “el empleo que demandan las micro y pequeñas empresas se iba a ver afectado, ya que muchas de ellas tienen ventas inestables y todos los años deben atender picos extraordinarios de ventas”.
“Se estima que la implementación iba a generar pérdidas de más de 240,000 empleos”, adujo la legisladora.
De acuerdo con la parlamentaria, normas similares que se aplicaron en Ecuador, Bolivia y México perjudicaron a la clase trabajadora formal, con el consecuente incremento de la tasa de desempleo en general.
Asimismo, dijo que el proyecto aprobado recoge la opinión de expertos que advierten positivamente que “la tercerización permite la flexibilidad necesaria para la innovación, dejando que las empresas que se encuentran en etapa de maduración puedan identificar eficientemente los nichos a los cuales dedicarse”.
El proyecto fue aprobado con 14 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención.
El decreto que regulaba los servicios de tercerización había sido impulsado por la hoy exministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.
