La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP) y el parlamentario no agrupado Esdras sustentaron el informe acusatorio contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia y señalaron que dichos magistrados si vulneraron la Carta Magna por lo que deberían ser inhabilitados 10 años en el ejercicio de la función pública.
En primer término, la parlamentaria mencionada dio cuenta del proceso seguido por la instancia a su cargo tras la presentación de la denuncia constitucional interpuesta por el congresista Jorge Montoya al respecto.
En ese sentido, precisó que se ha considerado que los miembros de la JNJ Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello habrían incurrido en infracción constitucional.
A los primeros seis integrantes se les imputa haber infringido el inciso 3 del artículo 139 y el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, indicó. En el caso de Tello, se señala que incurrió en infracción del inciso 3 del articulo 156.
A razón de dichas infracciones, dijo Camones, se recomienda en el informe final acusar constitucionalmente a los mencionados miembros de la JNJ e inhabilitarlos en el ejercicio de la función pública por un lapso de diez años.
Argumentos de hecho
Tras la intervención la representante de Alianza Para el Progreso, el parlamentario no agrupado Esdras Medina expuso los argumentos que sustentan los cargos de infracción constitucional esgrimidos.
Indicó que se incurrieron en estos al permitir la permanencia de Tello en la Junta más allá de la edad establecida para el ejercicio de sus funciones, puesto que cumplió 75 años.
Asimismo, Medina dijo que existen evidencias de ilícitos que habría cometido Juan Carlos Cortez secretario general de la JNJ. Estos se sustentan en que dicho personaje se desempeñó como miembro de la comisión especial que evaluó a jueces y fiscales antes de desempeñarse en el cargo que tiene actualmente.
Indicó, en tal sentido que lo investigado al respecto se derivará al Ministerio Público, puesto que podría tratarse de un caso de tráfico de influencias y de conflicto de interés, ya que se le designó en un cargo de confianza dentro de la JNJ.
Tras la exposición de Camones y Medina se dio paso a la intervención de los miembros de la JNJ a fin de que puedan hacer uso de su derecho a la defensa. La primera fue Imelda Tumialán, expresidenta de la Junta.
