La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final de la denuncia constitucional N.º 300 que propone acusar ante la Comisión Permanente a cuatro de los seis congresistas denunciados por el caso «Los Niños».
De acuerdo con lo aprobado, los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jhaec Darwin Espinoza Vargas y Elvis Hernán Vergara Mendoza fueron acusados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano.
En el proceso fueron excluidos los parlamentarios Juan Carlos Mori Celis e Ilich López Ureña ya que, de acuerdo con el informe, «no se verificó la imputación necesaria y la inexistencia de indicios incriminatorios«.
La propuesta de Informe Final, aprobado por doce votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, concluyó también archivar la denuncia por infracción constitucional para el caso de los seis congresistas.
En otro momento, por pedido de la presidenta de dicha comisión, Lady Camones Soriano (APP), se incluyó, como sugerencia, «la suspensión de los acusados mientras demore su proceso penal, pudiéndose reincorporar en el caso sean absueltos«.
Debate en comisión
Antes de la aprobación del Informe Final, diversos parlamentarios cuestionaron aspectos del documento presentado.
Por un lado, la congresista Susel Paredes Piqué (NA) presentó una cuestión previa para mejorar el informe a fin de incorporar a los dos congresistas excluidos. Dicho planteamiento fue rechazado con veinte votos en contra, dos abstenciones y uno a favor.
Asimismo, el parlamentario José María Balcázar Zelada (PB) cuestionó que el informe no refiere acusaciones concretas y corroboradas, demandando una ampliación en la investigación.
En la misma línea, el legislador Édgar Reymundo Mercado (CD-JPP) hizo mención de que el informe está basado en declaraciones de aspirantes a colabores eficaces y no a elementos concretos.
Además, el congresista Luis Aragón Carreño (AP) añadió que sea el Ministerio Público el encargado de la investigación y el Poder Judicial, de sancionar en caso encontrar responsabilidades.
Al respecto, la parlamentaria Yarrow Lumbreras refirió que el Informe fue resultado de un laborioso trabajo y que los congresistas excluidos del proceso no fueron referidos por los aspirantes a colaboradores eficaces.
La denuncia
El documento que contiene la denuncia investigada por la congresista Yarrow Lumbreras, de 189 páginas, presentado por su colega de bancada Patricia Chirinos Venegas, acusaba inicialmente por la presunta Infracción de la Constitución; y la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias.
Asimismo, que los congresistas implicados se reunieron, indistintamente, con el expresidente Pedro Castillo y los extitulares de los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, respectivamente.
El objetivo de esas reuniones serían favores de puestos de trabajo en el Ministerio de la Producción, a cambio de apoyo con sus votos en el Congreso y evitar la vacancia y la censura, constituyendo un “brazo congresal” a través de congresistas coordinadores y operadores.
