El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que busca imponer penas, incluidas la cadena perpetua, a menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves como secuestro, extorsión y sicariato.
En la sesión del Pleno del jueves 17 de octubre, el proyecto obtuvo 57 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones. El autor de la iniciativa, José Luna Gálvez, de Podemos Perú, señaló que la gravedad del delito será determinante para emitir una condena.
«No podemos ignorar la realidad. Los delincuentes más peligrosos usan a menores de edad para cometer crímenes como asesinatos por encargo, secuestros o narcotráfico, aprovechándose de su inimputabilidad. Además, delitos graves como feminicidio y violación sexual requieren un tratamiento diferente y que los menores que los cometen sean juzgados como adultos», expresó Luna Gálvez.
El proyecto había pasado a un cuarto intermedio por solicitud de José Balcázar, de Perú Libre, quien destacó que UNICEF se había pronunciado en contra de imponer penas a menores. Sin embargo, la cuestión previa para devolver el proyecto a la Comisión de Justicia no obtuvo los votos necesarios.
Durante el debate, Alejandro Muñante, de Renovación Popular y coautor de la iniciativa, criticó que actualmente, en el Perú, los menores de 16 y 17 años que cometen delitos graves reciben el mismo trato que los niños, siendo internados en centros juveniles como «Maranguita» en lugar de ser enviados a un penal al cumplir la mayoría de edad.
Por otro lado, Kelly Portalatino, de Perú Libre, argumentó que la solución no está en endurecer las penas, sino en fortalecer la presencia del Estado en la educación y la salud mental de los adolescentes. Guillermo Bermejo, de Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, añadió que este tipo de medidas no ha sido efectiva en otros países, como Estados Unidos.
En paralelo, el Congreso también aprobó una reforma al Código Penal que tipifica la «criminalidad sistemática» en lugar de «terrorismo urbano». La nueva normativa establece la cadena perpetua para quienes utilicen armas de fuego, explosivos o similares para cometer secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, generando terror en la población.
Esta medida fue presentada como una respuesta a las críticas hacia la propuesta original de «terrorismo urbano», que incluía penas más severas para secuestros y bloqueos de vías, lo cual había generado preocupación entre los gremios de transportistas. Aunque hubo divisiones durante el debate, algunos legisladores consideraron necesaria una respuesta contundente ante el incremento de la inseguridad.
El Parlamento tiene siete días para realizar una segunda votación que ratifique la aprobación de estas modificaciones.
