El Pleno del Congreso admitió este viernes la moción de vacancia por incapacidad moral interpuesta en contra del presidente de la República, Martín Vizcarra, luego de que el legislador Edgar Alarcón difundiera tres audios sobre el caso Richard Swing, que revelan coordinaciones para mentir en fuero parlamentario y fiscal en torno a las visitas del polémico compositor a Palacio de Gobierno.
El resultado de la votación fue 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.
De acuerdo al documento que busca defenestrar a Vizcarra, este, «de manera reiterada y permanente, ha faltado a la verdad y ha obstruido las investigaciones en sede congresal y penal» respecto a la contratación de Swing en el Ministerio de Cultura.
Tras este resultado, el Parlamento debe acordar día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, que no puede puede realizarse antes del tercer o décimo día en que se votó su admisión. Para la fecha del debate se citará al presidente, quien tiene derecho a ejercer su defensa ante el Pleno personalmente junto a su abogado por un tiempo máximo de 60 minutos.
El acuerdo de vacancia requiere de una votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de parlamentarios; es decir, 87 votos.
Al inicio del debate, los legisladores Gino Costa (Partido Morado) y Mirtha Vásquez (Frente Amplio) cuestionaron que, mientras se llevaba a cabo la discusión en el Pleno, Karem Roca Luque, asistenta del Despacho Presidencial, declaraba ante la Comisión de Fiscalización.
A su turno, Francisco Sagasti (PM) cuestionó que se pretenda vacar al mandatario con «audios conseguidos ilegalmente y cuestionables». Agregó que cesar a Vizcarra generaría una incertidumbre política que afectaría la reactivación económica.
En la misma línea, María Teresa Céspedes (Frepap) sostuvo que es prematuro optar por la vacancia sin juicio de fondo en plena pandemia del coronavirus. Añadió que Martín Vizcarra tendría que asumir sus responsabilidades cuando termine su mandato en el 2021.
Por su parte, Diethel Columbus (Fuerza Popular) sostuvo que las grabaciones propaladas ponen en entredicho el accionar el Ejecutivo, por lo que se debería debatir si Vizcarra ha incurrido en una causalidad de inmoralidad.
De igual forma, Omar Chehade (Alianza para el Progreso) denunció que el jefe de Estado «le ha mentido al país», de tal manera que «no tiene autoridad moral para dirigir los destinos del país». «Es un pato rengo, un pato cojo, ¿con qué autoridad moral va a garantizar las elecciones del 2021?», fustigó.
«Esto es un juicio político por incapacidad moral, por mentira, por obstruir a la justicia, por ocultar pruebas. La moción tiene que ser admitida para que el presidente haga sus descargos», sumó Chehade.
De manera similar, Luis Orestes Sánchez (Podemos Perú) criticó que, lejos de hacer un mea culpa, el presidente ha acusado a los congresistas de aplicar «métodos montesinistas».
Igualmente, Otto Guibovich, de Acción Popular, sostuvo que la manipulación de testigos, que son métodos montesinistas, vienen de Palacio de Gobierno y no del Congreso.
Su colega de bancada Ricardo Burga (AP) apostilló que el gobernante «ha mentido a país y eso es grave». «Va a tener que explicar quiénes son los montesinistas y los actos que se han divulgado en estos tres audios», sentenció.
