La promulgación de la Ley N° 32181, que permite a los reclusos mayores de 80 años solicitar cumplir su sentencia bajo arresto domiciliario, ha generado indignación y preocupación; la falta de distinción entre delitos leves y graves en esta norma abre una peligrosa posibilidad: que terroristas condenados puedan salir de prisión, beneficiándose de esta medida.
Entre los potenciales beneficiados se encuentran terroristas de alto perfil como Elena Iparraguirre (viuda de Abimael Guzmán), Osmán Morote, Laura Zambrano y Margot Liendo, todos ellos sentenciados por crímenes relacionados con el terrorismo que marcaron una de las épocas más oscuras de la historia del Perú.
¿Por qué es peligrosa esta norma?
La ley establece que cualquier condenado mayor de 80 años, independientemente de la gravedad de sus delitos, puede solicitar la modificación de su régimen de cumplimiento de condena; esto significa que incluso aquellos responsables de atentados terroristas y masacres, como los miembros de Sendero Luminoso, podrían abandonar la prisión.
Expertos en derecho penal, como Luis Lamas Puccio y Mario Amoretti, han alertado sobre las consecuencias de esta disposición.
Amoretti señala que «la norma beneficiará a delincuentes y terroristas con solo alcanzar los 80 años», esto, además de socavar la justicia, representa una amenaza para la seguridad nacional, ya que estas personas han demostrado ser un peligro para la sociedad.
¿Qué mensaje envía esta ley?
La posibilidad de que terroristas condenados puedan salir de prisión envía un mensaje de debilidad del sistema judicial y de falta de compromiso con las víctimas del terrorismo.
El Estado, al priorizar la edad sobre la gravedad de los crímenes, da un paso atrás en la lucha contra la impunidad.
Además, la supervisión de los arrestos domiciliarios en el Perú ha sido señalada como deficiente lo que incrementa el riesgo de que los beneficiarios de esta medida puedan reincidir en actividades ilícitas o evadir las restricciones impuestas.
Un llamado a la reflexión
El Congreso y el Ejecutivo deben reevaluar esta norma y establecer excepciones claras para delitos de alta gravedad como el terrorismo, la corrupción y los crímenes de lesa humanidad.
La historia reciente del Perú nos recuerda el alto costo de la violencia terrorista, y no podemos permitir que la falta de rigor legal abra las puertas a una nueva ola de inseguridad.
La sociedad peruana tiene el deber de exigir que sus autoridades trabajen por una justicia que no solo sea firme, sino también coherente con la memoria y el sacrificio de las víctimas del terrorismo.
