Un grupo de 28 congresistas de Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú presentó una nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, alegando su permanente incapacidad moral debido a la desactivación del Equipo Especial de policías que apoyaba al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
El detonante de esta acción fueron eventos que involucran a la presidenta y su hermano Nicanor Boluarte, quien fue detenido recientemente por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en el caso ‘Los Waykis en la sombra’.
La moción acusa a Dina Boluarte de intervenir indebidamente en las investigaciones policiales y fiscales relacionadas con su familia. Se cuestiona, por ejemplo, que el 7 de mayo Boluarte convocara al coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), tres días antes de la detención de su hermano, para discutir temas relacionados con las investigaciones en curso.
Durante esta reunión, según informes, la presidenta hizo varias preguntas incisivas al coronel Moreno, incluyendo: «¿Por qué usted no ha puesto a disposición al coronel Harvey Colchado a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional?». Esta pregunta se refería a la destitución de Colchado como jefe de la Diviac después del allanamiento de la residencia de Boluarte en marzo de 2024, en relación con un caso de relojes Rolex.
Los congresistas que apoyan la moción afirman que Boluarte ha violado varias disposiciones constitucionales y abusado de su posición para obstruir la justicia. Argumentan que la presidenta habría «cometido delitos utilizando indebidamente su cargo de jefa de Estado para tal efecto». Añaden que la desactivación del equipo especial que apoyaba al Eficcop fue una maniobra para evitar la investigación de su entorno cercano.
En la moción se recoge la declaración del exministro del Interior, Mariano González, quien señaló que esta acción es una «clara obstrucción a la justicia» y agregó que las acciones de Boluarte «sugieren una posible vinculación con actos de corrupción y una búsqueda de impunidad».
El 9 de mayo de 2024, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial 0610-2024-IN que desactivó el equipo policial de apoyo al Eficcop. Según el ministerio, esta medida se tomó debido a la «duplicidad de funciones» entre este equipo y la Diviac. Sin embargo, diversos sectores criticaron la medida, considerándola una forma de obstrucción a la justicia.
Ante las críticas, el Ministerio del Interior defendió que la desactivación fue conforme al marco normativo y constitucional, aunque iniciará «investigaciones administrativo-disciplinarias y medidas legales» contra los responsables de la creación del equipo especial de apoyo al Eficcop.
Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación, exigió la reposición del equipo policial que apoyaba al Eficcop y denunció que «lo que buscan es frustrar las investigaciones que realiza el Ministerio Público».
«La desactivación del equipo policial es una medida directa e interesada de la presidenta (porque ella y su hermano son investigados), ya que cualquier resolución del Ministerio del Interior pasa por su aprobación o es su decisión, tal como ocurrió con la Resolución Ministerial 0610-2024 IN», sostienen los parlamentarios que suscriben esta nueva moción de vacancia.
Una vez presentada oficialmente la moción de vacancia, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, deberá dar cuenta de la moción ante el Pleno y notificar a la mandataria del nuevo pedido de destitución. Luego, en la siguiente sesión plenaria, se debatirá si la moción de vacancia es admitida a debate, para lo cual se requieren al menos 52 firmas.
